Asimismo, reprochó al presidente regional, Ignacio González, que no entre en sus cálculos presentar ninguna iniciativa legislativa similar a la andaluza.

Dijo que esta iniciativa “supone la defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas, y esas son algunas cosas que no le gustan a González”.

A su juicio, el decreto andaluz tiene un “potente anclaje jurídico”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dijo que la iniciativa de la Junta de Andalucía es de “dudosa legalidad” y de “difícil aplicación”.

Explicó que el Gobierno regional de Madrid aprobó una ley sobre transparencia hipotecaria para “proteger a los ciudadanos ante las entidades bancarias”.

Señaló que el Gobierno andaluz no incluye en su decreto las “disponibilidades presupuestarias” para aplicar esta medida que, según la Junta de Andalucía, afectará a 119 familias.

Indicó que en Andalucía se han producido 14.000 desahucios y que el número de pisos vacíos de la Administración regional andaluza supera los 5.000.

Defendió en esta materia “soluciones concretas y de aplicación rápida” como la entrega de pisos del IVIMA a Caritas para personas desahuciadas.