En un comunicado, AI recordó que las manifestaciones pacíficas frente a domicilios privados están reconocidas por el derecho internacional y pidió a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que no permita medidas “restrictivas” contra esta libertad.

Además, como “coordinadora y portavoz del Gobierno” que es, le instó a aclarar la veracidad de la supuesta orden de Interior de “no permitir concentraciones a menos de 300 metros del lugar de residencia de los políticos”, algo que de ser cierto “resulta totalmente exagerado”.

También reclamó a la vicepresidenta que evite declaraciones “estigmatizadoras por parte de autoridades del Estado y miembros del PP contra todo un colectivo”, y criticó las afirmaciones “genéricas” que en esta línea han realizado dirigentes de su partido.

Según AI, “la protesta social, sea en la forma que sea y siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es un derecho inalienable”. Así lo reconocen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otras muchas normas internacionales, por lo que limitar la actividad de este movimiento “supone una vulneración de la libertad de expresión y de manifestación”.

Por todo ello, AI reclamó a Sáenz de Santamaría “medidas efectivas” para que la aplicación de multas y otras sanciones no repercutan en el ejercicio de este derecho.