La APM responde a Moliner que los escraches deben ser disueltos si no están autorizados
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sostuvo hoy que los escraches frente a la vivienda de los políticos deben ser disueltos si no cuentan con autorización previa de las Delegaciones del Gobierno.
Pablo Llarena, presidente de la APM, valoraba así que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, haya asegurado este miércoles, en una entrevista en la Cadena Ser, que "los escraches, en tanto no sean violentos, son un ejemplo de la libertad de manifestación", un concepto del que dijo ser "un enamorado".
A este respecto, Llarena dijo a Servimedia que “los escraches son un reflejo de una forma de hacer la manifestación” y en sí mismos no son delictivos.
No obstante, el presidente de la APM señaló que “la ley que regula las manifestaciones obliga a que sean autorizadas desde un punto de vista administrativo con carácter previo, hasta el punto de que si carecen de esa autorización, se justifica que se proceda a su disolución”.
Añadió que lo que sí es delito son las injurias, daños y lesiones que puedan cometerse en un escrache, así como lo referido a las coacciones. Sobre este último punto, indicó que constituye la parte “más difusa”, ya que hay que demostrar que se intenta coaccionar a una persona con un fin determinado.
Según Llarena, debe ser el juez el que determine si en una protesta, como puede ser un escrache, se ejerce una presión “orientada a un posicionamiento de la persona presionada en un determinado sentido”.
(SERVIMEDIA)
24 Abr 2013
NBC