El magistrado realizó esta petición de información para poder decidir si admite o no a trámite una querella presentada por dos víctimas del ataque -Seyed Morteza Konarizadehasl y Mohammad Reza Mohad- contra el teniente coronel del ejército iraquí Abdol Hossein Al Shemmari.

Los querellantes acusan al jefe militar de once delitos de asesinato, 36 de detención ilegal, otro de daños y un delito adicional contra la Comunidad Internacional –por la violación del Convenio de Ginebra- al considerarle el máximo responsable del ataque contra el campo de refugiados.

La matanza tuvo lugar el pasado 28 de julio, cuando unos 2.000 soldados de la brigada “Scorpion” de Bagdad y dos batallones de la policía antidisturbios atacaron el Campo de Ashraf.

La querella relata que “en una acción deliberada y planificada”, las tropas, bajo el mando de Al Shemmari y utilizando blindados, palas mecánicas, gases pimienta y lacrimógenos, granadas sónicas y tanques lanza-agua “lanzaron un asalto contra los civiles desarmados residentes en el Campo de Ashraf, disparando indiscriminadamente sobre las personas, matando a 11 de ellas y deteniendo a otras 36”.

OPOSICIÓN DEL FISCAL

La Fiscalía, en un informe emitido el 3 de noviembre, pidió al juez que no admitiese a trámite la querella al entender que la justicia iraquí ya había abierto una investigación sobre los hechos. El Ministerio Público también subrayó que para que la Audiencia Nacional pudiese ser competente debería haber víctimas españolas.

En el auto dictado por Andreu, el magistrado destaca que la reciente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en materia de competencia en los casos de jurisdicción universal debe primar el principio de subsidiariedad, es decir, que España sólo podrá investigar los delitos cometidos en el extranjero si la justicia del país donde tuvieron lugar no ha abierto diligencias para esclarecer los hechos.

Además, el nuevo texto legal establece que la Audiencia Nacional sólo será competente para investigar aquellos hechos cometidos en el extranjero en los que existan víctimas españolas o en los que los presuntos autores residan en España.

A pesar de que la Fiscalía indica la posibilidad de que Irak esté investigando los hechos, Andreu destaca que “no existe constancia de tal procedimiento”, por lo que decide librar comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales de Irak para que “informen sobre si en los hechos objeto del presente procedimiento existe o ha existido alguna investigación, así como, en su caso, de su resultado”.

Por lo tanto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional señala que no decretará el archivo de la querella solicitada por la Fiscalía hasta que reciba la información solicitada a Irak.