No obstante, en la presentación del informe, los expertos aseguran que esta situación es "evitable" si se adoptan reformas adicionales sobre el sistema de pensiones.

El informe explica que las previsiones actuales apuntan a un incremento "considerable" de la tasa de dependencia (número de pensionistas por cada cotizante a la Seguridad Social) como consecuencia del llamado 'baby boom', a no ser que "se lleven a cabo reformas estructurales que den lugar a un aumento importante del número de cotizantes".

"De no ser este el caso", continúa el texto, "a pesar de que la pensión media real continuaría previsiblemente aumentando, la aplicación del factor de sostenibilidad dará lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio".

Para evitar esta situación, los expertos apuntan que se pueden tomar tres opciones. Por un lado, se podrían adoptar reformas para "conseguir más cotizantes", se podrían aumentar los ingresos públicos (incremento de cotizaciones sociales) o "se podría asumir que la situación sea así".

"LO ANTES POSIBLE"

Por otro lado, el informe aboga por aplicar este mecanismo "lo antes posible", aunque establece una horquilla entre 2014 y 2019. De esta forma, advierte que "cuanto más se retrase la aplicación mayor será el ajuste futuro".

El texto establece una doble fórmula para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Por un lado, introduce el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), un mecanismo de fijación de la cuantía inicial de las prestaciones que estará ligada a la evolución de la esperanza de vida.

En segundo lugar, abogar por crear un Factor de Revalorización Anual (FRA), que modifica el instrumento por el que se revalorizan anualmente las pensiones, ligándolo a la inflación, los ingresos del sistema y el superavit o déficit de la Seguridad Social a lo largo del ciclo económico.

Ante este cambio en la revalorización de las prestaciones, que dejaría de estar ligada exclusivamente a la inflación, los expertos instan al Gobierno a publicar de forma clara la variación de este nuevo factor, de forma similar a como se anuncia el IPC, para que los pensionistas tengan información transparente sobre la evolución de su prestación.

Mientras que el FEI sólo se aplicará a los futuros jubilados, el FRA sí que afectará a los actuales pensionistas. En este caso, y para no ir en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, los expertos apuestan por garantizar a los ya jubilados que su prestación no disminuirá por la aplicación de este factor.

También propone incluir otra restricción que supone que la aplicación del factor de revalorización no provocará que "ninguna pensión deje de ser suficiente".

VOTOS PARTICULARES

El informe ha sido aprobado con el voto favorable de 10 de los 12 miembros del grupo de expertos, mientras que uno de ellos se abstuvo y otro se pronunció en contra del texto.

El 'experto' que rechazó el texto fue Santos Ruesga, quien traslada su "desacuerdo total" con el informe, ya que considera que "parte de un diagnóstico excesivamente alarmista" y porque cree que incluye una "crítica subyacente al sistema de reparto". También denuncia Ruesga, quien no asistió a la presentación del informe, que el texto "no considera otras alternativas posibles".

José Luis Tortuero fue quien se abstuvo en la votación debido a que, según dice en su voto particular, considera que el factor de sostenibilidad actuará como "la guinda que perfecciona el pastel". "El problema", continúa el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, "es que el pastel está deformado, es incompleto, tiene una ordenación jurídica arcaica y caótica y carece de la armonización necesaria con la realidad social y laboral".

Por último, el tercer voto particular fue emitido por Miguel Ángel García, quien, no obstante, sí votó a favor del texto. El voto de García se ciñe exclusivamente al periodo de aplicación de este factor, ya que considera que su entrada en vigor debería retrasarse al año 2019.