Así lo planteó el Cermi en una reunión mantenida con representantes socialistas, con el portavoz de la Comisión Constitucional del GPS, Ramón Jáuregui, a la cabeza, en el marco de la estrategia del comité de persuadir a todas las fuerzas políticas con presencia parlamentaria para que asuman esta reivindicación del movimiento social de la discapacidad.

En la entrevista también estuvieron presentes las diputadas socialistas Susana Sumelzo, portavoz adjunta en la Comisión Constitucional, y Gracia Fernández, portavoz adjunta de la Comisión de Discapacidad.

Previamente, el Cermi ya se había dirigido a los portavoces parlamentarios de la Comisión Constitucional del Congreso con una propuesta de reforma de la legislación electoral española vigente, que permite la posibilidad de que los jueces, en los procesos de incapacitación, priven del derecho de voto a determinadas personas con discapacidad.

Para el Cermi, esta regulación es "manifiesta y abiertamente contraria" a los derechos humanos de las personas con discapacidad y entra en contradicción “clara” con la Convención de la ONU en la materia, ratificada por España, por lo que "resulta urgente" la modificación de la Ley Electoral para desterrar esta discriminación por razón de discapacidad.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en España hay unas 80.000 personas incapacitadas judicialmente a las que se les ha privado del derecho de sufragio.

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su informe sobre España de septiembre de 2011, instó a cambiar la legislación electoral por vulnerar el derecho a la participación política en plenitud de las personas con discapacidad.