Esa ley nacional tuvo una tramitación tortuosa en el Parlamento con serias discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos (entonces, los partidos que sustentaban al Gobierno de coalición) después de que el portavoz socialista, Patxi López, anunciara que su formación registraría una enmienda que excluiría de la norma a los perros de caza, entre otros.

Esa iniciativa, respaldada por la Real Federación Española de Caza (RFEC), suscitó las quejas de colectivos animalistas, con acciones como una manifestación entre el Congreso y la sede federal del PSOE, una concentración en las proximidades de la Cámara Baja, el recorrido de un autobús vinilado con la imagen de un galgo con una soga al cuello y una fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la entrega de más de 325.000 firmas a varios diputados del Congreso.

El Congreso envió el texto al Senado tras un tira y afloja de más de una semana en la Comisión de Derechos Sociales. La norma estuvo a un solo voto de ser rechazada dos veces en la Cámara Alta gracias a algunas propuestas de veto, pero finalmente se aprobó en la Cámara Baja.

Ahora, la Dirección General de Derechos de los Animales, integrada en el departamento ministerial dirigido por Pablo Bustinduy, prepara dos reales decretos que desarrollan la ley de bienestar animal, uno de ellos relativo a las normas básicas de los núcleos zoológicos o agrupaciones de animales de compañía.

Derechos Sociales inició el pasado 13 de octubre la fase de consulta pública previa para que las entidades o personas interesadas envíen sus aportaciones. El plazo concluye el próximo 28 de este mismo mes, según pudo comprobar Servimedia.

Este texto estipulará las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal que deben de cumplir esos lugares y actualizar la normativa de rango estatal sobre esta materia, que se remonta a un decreto de 1975 y que convive con regulaciones autonómicas dispares que han ido surgiendo para cubrir la falta de actualización sobre esta normativa.

“DECISIÓN POLÍTICA”

Sin embargo, el movimiento animalista ha vuelto a alzar la voz porque considera que se trata de “un nuevo intento” de desproteger a los perros utilizados para la caza y de trabajo en la futura normativa de núcleos zoológicos de animales de compañía, que debe regular las condiciones mínimas de alojamiento, control y bienestar de esos animales en instalaciones con actividad económica.

Según entidades y juristas, la decisión comunicada en el Consejo Estatal de Protección Animal trasladaría la competencia sobre estos perros al Ministerio de Agricultura, lo que limitaría su protección a una mera identificación y registro, sin garantías reales de bienestar.

“Es decir, ni refugio adecuado, ni controles mínimos, ni medidas contra el abandono o el maltrato. Esto empeoraría aún más su situación, pues sería todavía más difícil denunciar casos de maltrato en rehalas. Recientemente, 32 perros fueron encontrados muertos por inanición en una rehala de Badajoz”, apuntaron entidades animalistas.

Marta Esteban, presidenta de la Fundación Animal Guardians, indicó: “Esta exclusión no responde a una razón jurídica, sino a una decisión política que perpetúa la discriminación de estos animales por presión del lobby de la caza. No se puede legislar con temor de molestar a ciertos lobbies”.

“Hay que hacer lo que es justo y la mayoría de la sociedad demanda, con los recursos jurídicos que tenemos. Según estos, los perros de caza y trabajo pueden ser incluidos en el real decreto de núcleos zoológicos de animales de compañía y si no se hace es porque no se quiere”, añadió.

Esteban indicó que “nadie entiende que no se pueda maltratar a un galgo en el salón de un adoptante y sí a un galgo de una rehala”. “Esta exclusión institucionaliza una discriminación estructural: dos perros iguales, pero uno con derechos y otro sin ellos, solo porque se usa para cazar. Es una injusticia y un error político gravísimo. Ante mismos perros, mismos derechos”, apostilló.

Las entidades animalistas entienden que el marco legal permite proteger a los perros de caza, ya que el real decreto de núcleos zoológicos deriva del reglamento europeo de sanidad animal y en España también debería hacerlo de la la Ley de Sanidad Animal, de 2003, que establece que todos los perros son animales de compañía, independientemente de su función o actividad.

“No existe obstáculo legal para incluir a los perros utilizados para la caza y trabajo en el reglamento. Lo que hay es una renuncia política a hacerlo”, advierten.

MANIFIESTO

Para responder a esta exclusión, se ha impulsado el ‘Manifiesto por la Igualdad de Todos los Perros’, firmado ya por numerosas organizaciones, entre ellas Fundación Benjamín Mehnert, Fundación Animal Guardians, Federación DEAN, Fundación Salvando Peludos, Asociación ALBA, Brigada de Defensa Animal, PACTA Bienestar Animal, Galgos Sin Fronteras, Plataforma Galega para a Defensa Animal e da Natureza, Asociación Acción, Reacción Animal Cantabria-Ayreca y AACME, entre otras.

“Los perros de caza nunca debieron excluirse de la Ley de protección animal. Ahora lucharemos para que no queden también fuera del real decreto de núcleos zoológicos. Nosotros estaremos en contra, siempre, de todo aquello que menoscabe sus derechos”, indicó Laura Gallego, del Patronato de la Fundación Benjamín Mehnert, cuyo centro se encuentra en Sevilla.

Vicky Cedrún, presidenta de la Federación DEAN, de Cantabria, consideró “imprescindible que todas las políticas de protección animal se apliquen en igualdad de condiciones a todos los perros, sin distinciones por su uso o actividad”. “La coherencia normativa y el respeto al bienestar animal exigen que ningún perro quede excluido de la protección legal”, añadió.

“Las administraciones públicas tienen el deber de aprobar políticas públicas que protejan a los perros de caza, dejarlos fuera del Real Decreto de Núcleos Zoológicos es un dejación clara, un abandono intencionado ¡y una cobardía imperdonable!”, declaró Lola García, abogada y presidenta de la Red Española de la Abogacía Animalista (REAA).

“POLVO BAJO LA ALFOMBRA”

Fernando Sánchez, de la Fundación Salvando Peludos, destacó: “Dejar una vez más a los perros de caza y considerados de utilidad fuera del real decreto es seguir escondiendo el polvo bajo la alfombra. Cuando dejemos de ver a los animales como herramientas, empezaremos a cambiar la historia”.

Carolina Corral, presidenta de la Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal (ALBA), entidad que ha rescatado de 33.000 animales abandonados desde 1998, comentó que la exclusión de los perros de caza y de trabajo del futuro reglamento de núcleos zoológicos de animales de compañía supone “un retroceso y desprecio a los avances logrados hasta hoy en bienestar animal”.

“Muchas asociaciones llevamos más de 25 años luchando porque los perros de caza sean tratados como seres vivos que sienten. No como meras herramientas de usar y tirar. Hemos visto el ensañamiento con el que son tratados estos perros y nos alarman los retrocesos que estamos viendo en relación a su situación. Lo que se pretende es un blindaje al maltrato por parte de los cazadores”, según Cristina García Moreno, presidenta de Galgos sin Fronteras.

ALEGACIONES CIUDADANAS

Por todo ello, entidades, colectivos y ciudadanos que están presentando estos días alegaciones a la consulta pública del reglamento para exigir la inclusión expresa de estos perros como animales de compañía en los núcleos zoológicos.

Las organizaciones advirtieron de que el reglamento de núcleos zoológicos es “la última oportunidad real para garantizar unas mínimas condiciones de vida y control a miles de perros que hoy permanecen hacinados, invisibles y sin protección”.

“Si esta regulación no los incluye, se consolidará un régimen de excepción permanente. Una España donde los galgos se cuelgan y los rehaleros almacenan perros entre sus propios excrementos sin que nadie pueda hacer nada. Eso no puede pasar con un Gobierno que se dice progresista”, concluyó Marta Esteban.