“En menos de un año no podremos subsistir”, aseguró el presidente de Pymar, en una rueda de prensa en la que explicó que “hay un error técnico jurídico” en la propuesta y una falta de “voluntad política” de Almunia.

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, reclamó el mismo trato para España que el que se dio a Francia en 2005, cuando se declararon ilegales las ayudas pero no se les obligó a devolverlas, ya que se consideró que había un problema de seguridad jurídica.

Según López del Pozo, es posible aplicar ese mismo criterio de seguridad jurídica en España para el periodo que va desde 2002 a 2011, y no sólo hasta 2005 como propone el comisario de Competencia, ya que ha sido Bruselas la que no ha hecho nada respecto las ayudas en España hasta ahora.

Las ayudas obtenidas con el ‘tax lease’ entre los años 2002 y 2011 ascienden a 3.000 millones de euros, aunque no precisaron cuanto supondrían forzar a revertir todo lo recibido de 2005 en adelante.

La consejera delegada de Pymar indicó que “al sector no le entra en la cabeza que por un error técnico tenga que cerrar”, y pidió “sensibilidad” y el “mismo trato” que se dio a Francia.

Además, reclamaron al Gobierno que siga dando la batalla en Europa en este tema, pues aunque consideran que recurrirán la decisión si se aprueba en los términos actuales “se tarda un mínimo de cuatro años, y aunque con toda probabilidad nos darían la razón, todos los astilleros habrían cerrado ya”.

La organización reconoció el interés que están mostrando el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y otros miembros del Gobierno, aunque les piden un “último esfuerzo”.

El responsable de Competencia afirmó este jueves en el Fórum Europa que los astilleros navieros que fabricaron los buques y los bancos que fueron agentes financieros no tendrán que devolver las ayudas 'tax lease' al sector naval, aunque sí los inversores y los navieros armadores que adquirieron los barcos.

Pymar estima que el 90% de los armadores son extranjeros, de diversas nacionalidades. En esos años se construyeron 270 barcos por lo que la lista es “enorme”, al igual que la de inversores.

Respecto a la cláusula que ha introducido Almunia en su propuesta para que no se puedan subrogar la devolución de las ayudas, la organización consideró que “es muy cuestionable”.

Si se aprueba la resolución “al día siguiente habrá 10.000 pleitos, un bloqueo de clientes y un cierre de los astilleros de nuestro país”, agregó López del Pozo.

En este sentido, recordó que en la mayoría de los contratos que firman los astilleros se recoge una cláusula en la que éstos se comprometen a asumir el impacto de los cambios regulatorios.

Desde Pymar aseguraron que “vamos a pelear hasta la ultima gota que nos quede, hasta el ultimo día que se pueda” porque hay 87.000 puestos de trabajo en juego.

“Somos responsables de 90.000 familias, por supuesto que vamos a pelear”, aseguraron desde la organización.