En una nota de prensa, los agentes forestales consideran que con estas medidas "se dispone la vulneración no sólo de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino también lo establecido en la propia Constitución Española y en los estatutos de autonomía, puesto que en todas estas normas se establece la competencia plena de cada comunidad autónoma en temas relacionados con el medio ambiente".

Según indican, el texto impone que todos los agentes forestales deben comunicar sus actuaciones al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), "en una clara demostración de centralización de competencias bajo un corporativismo muy evidente".

Si se trata de conseguir un ahorro para las arcas públicas, CCOO, UGT y Aeafma no ven que sea así, sino todo lo contrario, ya que habría que dotar a la Guardia Civil de un más que significativo número de personas para dejar de lado a varios miles que ya tienen una formación técnica y de la que carecen los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Concluyen que de llevar a cabo las medidas anunciadas por el informe CORA, "lo único que se estará facilitando es el incremento de la comisión de delitos contra la naturaleza (incendios, envenenamientos, edificación ilegal en el medio natural, etc.) o la impunidad para quienes los cometan al verse beneficiados por la disminución de recursos".