Botín y Jané han hecho estas peticiones en la Comisión de Bienestar y Familia del Parlamento, a la que fueron llamados a dar su opinión en el inicio del trámite parlamentario del proyecto de Ley de la Accesibilidad.

El secretario, Enrique Botín, ha recordado que el proyecto parte de un consenso de origen importante, aunque los diez años y cinco consejeros que han pasado por el departamento de Bienestar desde que dio sus primeros pasos es quizás " demasiado tiempo".

La nueva ley, ha continuado, debe permitir dejar atrás una ley, la 20/1991, ,que a pesar de ser en su momento moderna y pionera en España, con un código de accesibilidad que fue todo un modelo de referencia, ha quedado ya obsoleta, enjuició.

En cuanto al nuevo proyecto de ley, aunque "pasa de puntillas por el acceso a las comunicaciones", ofrece "modernidad terminológica" sobre la accesibilidad, porque habla "de personas en igualdad de oportunidades", huyendo de conceptos protectores anteriores y dando paso a hablar de normalidad.

Botí ha aprovechado la ocasión para pedir que, una vez superados los trámites, "se apruebe por unanimidad", ya que es con esta unanimidad que saldrá fortalecida su aplicabilidad.

Por su parte, el tesorero de COCARMI, Raimon Jané, ha destacado que la ley será una "herramienta clave" para permitir el acceso a espacios y contenidos, no sólo a las personas con discapacidad sino también a personas mayores, personas con movilidad reducida de forma temporal, etcétera.

Añadió que "hacemos más que una ley", porque "es la materialización de los derechos de las personas" y debe ser un "motor de cambio", porque si antes hablábamos de suprimir barreras ahora hablamos de productos y servicios al alcance de todos. Jané ha subrayado que el nuevo enfoque será, a la larga, más económico. Ha pedido, asimismo, que la ley incluya aspectos formativos, de modo que se inculcan en los estudiantes los aspectos de accesibilidad porque estos son los profesionales del futuro que han de poder, además de diseñar productos teniendo en cuenta su impacto ambiental, tener también en cuenta su accesibilidad.

Otra demanda ha sido aprovechar que "no partimos de cero" y que existe ya un decreto "prácticamente terminado y consensuado", el derivado de los negociaciones iniciadas en 2003, que se puede considerar en el redactado del nuevo decreto de desarrollo de la ley. Este decreto fue fruto de un trabajo muy participativo por parte de entidades de la discapacidad pero

también representantes de municipios y entidades sociales, colegios profesionales, etcétera. Por ello, cree que el nuevo decreto se podría aprobar en el plazo de un año y no en los tres que contempla el proyecto de ley.

Raimon Jané ha reivindicado, por otra parte, la creación de un observatorio de la accesibilidad, que sea capaz de recoger datos a partir de las cuales extraer conclusiones sobre el cumplimiento de la ley, así como para detectar nuevas necesidades y permitir su actualización periódica.

Para Jané, la ley debe propiciar la consolidación de las buenas prácticas: "Estamos hablando de una herramienta muy potente y transversal que debe dar salida a los derechos básicos de las personas con discapacidad". Finalmente, y a título de reflexión, ha recordado que los beneficios de las acciones de accesibilidades (rampas, ascensores, subtítulos) van mucho más allá de las personas con discapacidad y han mejorado la movilidad de personas mayores y de familias con niños pequeños o el aprendizaje de idiomas. En cuanto al calendario, ha pedido una ley "operativa que tenga su decreto como antes".

Junto con Botín y Jané han comparecido, en una sesión que ha duró seis horas, representantes de diversas organizaciones catalanas de la discapacidad, los cuales, además de ofrecer su visión de lo que debe significar la Ley de Accesibilidad, han respondido las cuestiones planteadas por los representantes de los diferentes partidos políticos en la comisión.