Según informa la CNC, dichas prácticas consistirían en acuerdos de fijación, de forma directa o indirecta, de precios y condiciones comerciales y de servicio.

De hecho, Competencia ya realizó otra tanda de registros entre los días 4, 5 y 6 de junio en las sedes de varias empresas y asociaciones del sector de la distribución de vehículos de motor en España.

Los inspectores de la CNC analizan también posibles acuerdos de intercambio de información comercialmente sensible y estratégica en dicho mercado entre empresas fabricantes de vehículos de motor.

Además, las autoridades de competencia autonómicas correspondientes a localidades donde se ubican algunas de las empresas inspeccionadas han colaborado en los registros, a solicitud de la Dirección de Investigación de la CNC.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de los expedientes correspondientes, pues tales conductas restrictivas se consideran como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.