Según informó en una nota de prensa, Famma ha hecho reiteradas denuncias públicas al detectar que algunos profesionales del Eurotaxi aplican tarifas abusivas a las personas con discapacidad. Esta organización recuerda que en el artículo 7, apartado segundo, del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, se recoge de forma expresa que "las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga, se considerarán actos ilícitos".

Por ello, Famma pide al Ayuntamiento de Madrid que abra una investigación, inspeccione, controle y sancione cualquier incumplimiento de la Ordenanza Reguladora del Taxi por parte de quienes han obtenido una licencia administrativa municipal para el desarrollo de esta actividad y para que se acaben, "de una vez por todas, los atropellos a los derechos de las personas con discapacidad".

Además, la organización considera que AEMA pretende coaccionar al colectivo, ya que miembros de esta asociación han asegurado en una información publicada en 'La Gaceta del Taxi' el pasado 23 de julio que "vamos a cumplir lo que marca la nueva ordenanza, es decir, llegar con cinco euros como máximo", lo que "provocará que muchos servicios queden desatendidos".

A juicio de Famma, tales declaraciones, efectuadas por Julián Fernández, secretario de AEMA, son totalmente inadmisibles, al tiempo que critica que la asociación de Eurotaxis ampare las tarifas abusivas a las personas con discapacidad y que se las amenace con no recogerlas y dejarlas "tiradas".

La organización de discapacitados recuerda también que los cuadros tarifarios del taxi vigentes en Madrid establecen que el importe máximo que puede aplicar un taxista al recoger a un usuario es de cinco euros, por lo que entiende que los conductores de Eurotaxis tienen que acatar este importe sin aplicar, como contrapartida, acciones que resten calidad al servicio que prestan a las personas del colectivo.

Asimismo, añade que tampoco, según establece la ordenanza vigente, se pueden negar a recoger usuarios por este motivo, el de que se apliquen las tarifas vigentes de forma correcta y no abusiva, como hacían ahora algunos profesionales del taxi.

Famma pide que la Administración tome las medidas oportunas para que no se vea dificultada, con acciones que discriminan a las personas con discapacidad, la integración social del colectivo y para que se sancione adecuadamente la aplicación de tarifas abusivas, pues perjudican a dichas personas y al conjunto de profesionales del taxi que actúan de forma honesta y ética.

En cualquier caso, asegura que seguirá en actitud vigilante y que trasladará a las autoridades competentes cualquier posible atropello a los derechos de las personas con discapacidad a fin de que se diriman las responsabilidades oportunas.

Por último, advierte de que, de no haber una respuesta positiva e inmediata por parte del Ayuntamiento de Madrid, Famma se verá obligada a solicitar la intervención del Ministerio Fiscal para garantizar la protección de los derechos e intereses de las personas con discapacidad.