El departamento que dirige Ana Mato ha publicado en su página web los datos del número de días que los pacientes deben esperar para someterse a una intervención quirúrgica. Un total de 571.395 personas aguardaban para entrar en quirófano a principios de 2013, una cifra que se incrementó un 6,4% con respecto a junio de 2012.

Además, el 16,5% de estos pacientes deben esperar más de seis meses para ser intervenidos, cifra que también ha aumentado respecto a junio de 2012, cuando el porcentaje de pacientes era del 9,4%. Pero estos datos no son los únicos que han incrementado, ya que los referidas a los días medios de espera para operarse también lo han hecho, pasando de 76 días en junio de 2012 a 100 en el último mes de 2012.

Fuentes del Ministerio de Sanidad reconocieron a Servimedia que estas cifras contrastadas muestran "un aumento en las listas de espera" pero apuntaron que "a partir de ahora sólo habrá margen de mejora".

El Gobierno augura que se verá una mejora "en poco tiempo" porque la reforma que necesitaba el sector ya está "concluida". De este modo, no habrá más recortes en lo que queda de legislatura y las mejoras empezarán a notarse "en los próximos meses".

El Ministerio destacó que los datos de las listas de espera difundidos corresponden únicamente a las operaciones no urgentes, ya que cuando un paciente sufre una dolencia muy grave y requiere una intervención inmediata "no hay lista de espera".

Además, justificó el aumento de pacientes en las listas de espera alegando que "antes los datos no recogían información de todas las comunidades autónomas, cosa que ahora sí hace" el departamento de Ana Mato.

En este sentido, criticó que el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "estuvo un año y medio sin publicar datos referentes a las listas de espera", mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ahora lo hace de manera regular "cada semestre".

Por último, el Ministerio de Sanidad puntualizó que no tiene responsabilidad directa en la gestión de las listas de espera, ya que ésta corresponde exclusivamente a cada una de las comunidades autónomas. En su opinión, son ellas las que deben responder por los datos en función del criterio que aplican para gestionar las operaciones quirúrgicas.