La regulación pretende lograr “un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y las nuevas tecnologías”, según informó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Se mantendrán las penas mínimas previstas, pero las conductas más graves podrán ser sancionadas hasta con seis años de prisión, al haber apreciado el Gobierno “una desproporción de penas al comparar éstos con otros delitos que también atentan contra la propiedad”.

En los delitos contra la propiedad industrial se diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas. Éstos verán agravada su pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público se les atenuará proporcionalmente en función de su responsabilidad. En el caso de los conocidos como "manteros" las penas en las que podrían incurrir son idénticas a las actuales.

El Ejecutivo subraya que en ningún caso se actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P que permiten compartir contenidos.