La ley se limita a regular la actividad de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, y sólo contiene previsiones puntuales en relación con la captura y el transporte.

En relación con la captura, las instalaciones dedicadas a esta actividad se someten a la normativa sobre control integrado de la contaminación, por lo que necesitarán obtener la correspondiente autorización ambiental integrada, y quedan sujetas también a la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. Además, se contempla que las redes de transporte por tubería deban someterse a declaración de impacto ambiental.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino recuerda que el Panel Intergubernamental de expertos contra el cambio climático (IPCC) contempla estas tecnologías entre las medidas que se pueden adoptar para la reducción de emisiones.

En su tercer informe de evaluación, el IPCC señalaba la necesidad de una combinación de opciones tecnológicas de mitigación para lograr las reducciones necesarias. La captura y almacenamiento de carbono sería, en su opinión, una opción apropiada para los países que tienen un número considerable de fuentes de CO2 adecuadas para la captación, acceso a lugares de almacenamiento y experiencia en actividades con petróleo y gas, y que necesitan cumplir sus objetivos de desarrollo en un entorno en el que el carbono está restringido.

España se encuentra en este supuesto, por lo que Medio Ambiente cree que el empleo de esta técnica “puede contribuir a hacer posible la consecución de sus objetivos en materia de cambio climático”.

La captura y almacenamiento de carbono consiste en captar el dióxido de carbono emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y finalmente inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada, con vista a su almacenamiento permanente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que “no están determinados los sitios” en los que se ubicarán estos almacenes.

Según dijo, “se está hablando con las comunidades autónomas para buscar los lugares donde se puedan establecer los centros de almacenamiento”, e insistió en que, “desde luego, se hará respetando todas las normas de impacto ambiental para garantizar la seguridad”.

RESERVA EN ASTURIAS

No obstante, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto para declarar “zona de reserva provisional a favor del Estado” la comprendida en el área denominada “Asturias Centro”, situada en el Principado de Asturias y parte de la plataforma continental, y cuyo perímetro delimita una superficie de 31.040 cuadrículas mineras.

Dicha zona se dedicará a la exploración de recursos de la “sección B”, que comprenden estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono (CO2).

La exploración de esta zona de reserva será realizada por Hunosa, de acuerdo con el programa general de exploración aprobado.