El PP se valió de su mayoría para tumbar la iniciativa con 174 votos en contra frente a 143 a favor, a pesar de que el Partido Socialista obtuvo el respaldo de formaciones nacionalistas como CiU y el PNV, al aceptar dos enmiendas parciales para mejorar el texto en defensa de la protección de las competencias de las comunidades autónomas y un mayor margen en el objetivo de déficit de los gobiernos regionales.

Durante el debate parlamentario en el Hemiciclo, la portavoz socialista de Servicios Sociales, Rosa Aguilar, propuso “recuperar” la Ley de Dependencia, pues las decisiones políticas del gobierno, presupuestos y decretos la han dinamitado y han hecho insostenible desde el punto de vista humano, con una “hoja de ruta apostólica y reaccionaria que siembra desigualdad social”.

El texto de la moción incluía medidas para combatir las consecuencias de los recortes presupuestarios en política social. Aguilar recordó que cada día la Ley de Dependencia tiene 150 beneficiarios menos y que en el último año se ha dejado de atender a 15.000 personas. “Esta es la realidad que ustedes no están dispuestos a afrontar”, reprochó a los diputados del Grupo Popular.

Entre las medidas que planteó la diputada socialista se encuentra un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. “Nuestros niños tienen problemas de todo tipo, incluso de malnutrición, pero a ustedes tampoco les interesa la infancia de nuestro país que ya no puede esperar más”, denunció.

En su moción, los socialistas también proponían incrementar el Plan Concertado de servicios sociales para los ayuntamientos, retirar la reforma local, así como la universalidad de la sanidad y la igualdad de oportunidades en educación.

Por su parte, la diputada del PP Pilar Marcos se mostró reacia a los planteamientos socialistas, al entender que los datos responsabilizan al gobierno de Zapatero por su “mala gestión” ante la crisis económica, que “ha expuesto a miles de familias a situaciones de necesidad”. En ese sentido, anunció que “los datos constatan que la remontada es posible, que estamos empezando a salir de la crisis”, aunque “primero hay que frenar de la caída y luego salir de la recesión”.

Marcos recordó que el presupuesto para 2014 en materia social aumentará un 4,4% y que está trabajando en numerosas iniciativas, pues “la familia y la infancia son la prioridad” para el Gobierno de Rajoy.

El diputado por CiU en el Congreso Carles Campuzano apoyó la moción socialista pero aclaró la introducción de enmiendas para “dejar muy claras” varias vertientes, referidas a las “competencias” autonómicas. “Sin defensa del Estado de las autonomías son hay defensa del Estado del bienestar”, denunció.

Campuzano recriminó que “el Estado, aprovechando su mayor capacidad de gasto, pretenda vaciar de contenidos las competencias autonómicas con programas de ámbito estatal”, con la actuación de un gobierno “que lleva una intensa política de recentralización”. El ajuste al que España está obligado a las autonomías, en su opinión, tiene “consecuencias” en aspectos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Por ello, concluyó, “España se está situando en el liderazgo de las desigualdades en la Unión Europea”, por lo que la salida de la crisis será “con mayor desigualdad y mayor pobreza”.

"ESTÁN DESMANTELANDO EL ESTADO DEL BIENESTAR"

La diputada de Izquierda Plural Caridad Álvarez recriminó a los diputados que “es indignante” acudir al “y tú más” cuando tantas personas están en situación de pobreza en España y que se usen los documentos con “lecturas sesgadas”, lo que obliga a oír “grandes mentiras”. Desde su perspectiva, “las políticas cercanas al ‘Tea party’”, llevadas “hasta las últimas consecuencias” están “desmantelando el sistema del bienestar” y en concreto con la Ley de Dependencia.

“Ustedes no han hecho nada”, protestó dirigiéndose a los populares, recordándoles que los presupuestos de 2014 “generalizan la exclusión” mientras “la ciudadanía sigue esperando ahí afuera”. “A ver si ustedes toman una decisión que acabe con sus problemas”, concluyó.

El diputado de UPyD Toni Cantó dijo que podría entrar “en desacuerdo” respecto las causas que han llevado a la crisis y en la forma “en cómo se podrían solucionar” las consecuencias que están sufriendo muchas personas. Por ejemplo, refiriéndose a la Ley de autonomía personal y Ley dependencia, Cantó denunció que “la decisión de delegar en las comunidades autónomas ha llevado a muchísimos problemas”.

El diputado aprovechó su intervención para solicitar la reforma de la constitución y dar lugar a un “estado federal simétrico”, ya que desde UPyD se considera que “el actual sistema es insostenible desde el lado financiero pero también desde el lado de la equidad y la igualdad social”. Por ello propuso “equiparar” derechos sociales a educación, sanidad y seguridad social para convertirlos en los cuatro pilares del Estado del Bienestar.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría expresó su apoyo a la iniciativa socialista al considerar que hacen falta medidas para atender a las personas que más están sufriendo por la crisis, una situación “tan dramática” en la que se habla de “sociedad dual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres”.

Olabarría añadió que vivimos en una sociedad “obscena” donde se permite “normativamente y por el diseño de las políticas públicas” el enriquecimiento de los adinerados mientras “se obliga fatalmente a los pobres a ser cada vez más pobres”.

La diputada del BNG Rosana Pérez denunció que el Gobierno persigue “el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria a rajatabla y también el deterioro de los servicios sociales a rajatabla” y recriminó al Ejecutivo que “el verdadero golpe de estado se está produciendo a los derechos constitucionales a los servicios sociales”, en un entorno en el que la pobreza es “directamente proporcional” al paro “galopante” y a la aplicación de las políticas ‘populares’.

Pérez presumió que, de salir adelante la moción socialista, “supondría una verdadera revolución, teniendo en cuenta cómo están los servicios sociales en España” y reclamó el respeto a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas.

Finalmente, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, consideró que las decisiones de Rajoy, impuestas “de real decreto en real decreto”, están generando hambre “como hace años que no se veía”, una situación “que debía pesar” sobre las conciencias de los miembros del Gobierno sobre alguno de ustedes, sobre sus conciencias”. “El que la tenga”, apostilló.

Baldoví mostró su respaldo al PSOE y reclamó “no desmantelar el estado del bienestar y convertirlo en un negocio de las multinacionales”.