Cermi Andalucía consideró que con este hecho la Audiencia “demuestra no ser sensible a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual”, al no incorporar en su argumentario legal lo que establece la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados que la han ratificado, entre ellos España, a prestar apoyo a las personas con discapacidad para que alcancen la plena igualdad jurídica.

En este sentido, en opinión del Cermi Andalucía, la Audiencia Nacional “debería incluir en los procesos de extranjería y nacionalidad adaptaciones específicas para las personas con discapacidad que las requieran y que les permita acreditar suficientemente su grado de integración y sus vínculos con España”.

Así, argumentó que “gracias a esas adaptaciones se conseguiría que personas como este ciudadano ecuatoriano, que está plenamente integrado en la sociedad almeriense y que vive en esta localidad desde hace seis años con su familia, no fuese discriminado por razón de su discapacidad”, tal y como lo establece la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.