Así lo dijo el diputado del PP Pedro Ramón Gómez de la Serna en el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Transparencia, al referirse a las críticas vertidas contra la modificación de la citada ley, incluida en la disposiciones finales quinta y sexta.

“¿Les molestan normas de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo? ¿Les parece mal que España cumpla con sus obligaciones internacionales? ¡Claro que puede haber conexión entre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los responsables políticos!”, exclamó.

En este sentido, añadió que “en España lo sabemos mejor que en un sitio” y recordó que “ha habido concejales de ayuntamientos condenados por terrorismo que tenían acceso a financiación pública”.

En la tribuna del hemiciclo, defendió que “hoy es un buen día” para los españoles y que la de Transparencia es una ley para la calidad democrática”. “Es una ley llamada a transformar muchas cosas. La manera de concebir el poder, el ejercicio de la función pública, de la actividad política, la gestión de los dineros públicos y también la manera de concebir el lugar del ciudadano en un Estado democrático”, dijo.

Por su parte, el diputado del PSOE José Enrique Serrano criticó que la “larguísima” modificación de la Ley de Blanqueo de Capitales “no debería figurar” en la norma que se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados, “por más que la motivación de la enmienda se hacen denodados esfuerzos para justificar su vinculación con la transparencia”.

NO SERÁ EFICAZ

Criticó que el Senado no ha cambiado el fondo de la ley y que ésta carezca de aspectos “imprescindibles para constituirse de verdad en un elemento de regeneración democrática y en un elemento eficaz para combatir la corrupción”.

No obstante, señaló que la publicación en el BOE de la Ley de Transparencia “será mejor, mucho mejor, que si no hubiese” dicha norma. “Será mejor, mucho mejor, que el texto que en septiembre de 2012 el Gobierno remitió a la Cámara. Y será mejor, mucho mejor que el texto que el Gobierno socialista, en julio de 2011, aprobó en sus últimos momentos de actividad normativa”, añadió.

Asimismo, expresó su deseo de que esta ley “suponga un compromiso, no sólo para que las Administraciones Públicas cumplan las obligaciones que la ley les impone”, sino para que “colectivamente” se asuma una forma “distinta” de hacer política.

Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Janè, señaló que la ley que hoy se aprueba en el Congreso de los Diputados “es muy distinta a la entró” en su momento y criticó la modificación de la ley de preven¬ción del blanqueo de capitales y de la finan¬ciación del terrorismo.

“¡Qué mala noticia! Una ley que hemos trabajado con profundidad, desde una voluntad de consenso, una ley que es innovadora, como la Ley de Transparencia, venir, y en el trámite del Senado, introducirle una modificación de calado” como la citada, dijo.

Tras cuestionar la urgencia de dicha modificación, Janè señaló que dicha reforma, que además “no es menor”, “estigmatiza a las personas con responsabilidad pública”. “Poco emblemática va a ser (la Ley de Transparencia) si empezamos ya a modificar otras leyes en disposiciones adicionales”, añadió.

LUCES Y SOMBRAS

No obstante, calificó de “buena noticia” que se apruebe esta Ley de Transparencia, “con sus luces y sus sombras”, por entender que es “necesaria y mejorable”.

Por su parte, el diputado de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural Joan Josep Nuet señaló que esta ley “va a ser recordada como una gran operación de distracción que organizó el partido del Gobierno y el propio Gobierno en medio de los casos de corrupción y de opacidad”.

De lo que se trata, criticó, es de “repetir mil veces un concepto, aparentar que ese concepto se ha asumido democráticamente y operar en el día a día precisamente con un quehacer contrario a ese concepto”.

Tras criticar que esta ley sigue sin concebir la transparencia como un “elemento esencial”, criticó que, en el ámbito de actuación, distinga entre Administraciones Públicas y Altas Instituciones del Estado.

“Es como las clases sociales. Los de arriba y los abajo, las administraciones públicas y las altas instituciones del Estado, empezando por la monarquía pero incluyendo también a este Congreso de los Diputados”, señaló.

Nuet se refería así a la parte de la ley que define qué se entiende por Administraciones Públicas. La nueva norma establece también que las disposiciones de la ley se aplicarán, entre otros, a la Casa de su Majestad el Rey, el Con¬greso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judi¬cial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las insti¬tuciones autonómicas análogas, “en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo”.

“Se aplica una ley a las Administraciones Públicas y se aplican unas excepciones a las Altas Instituciones del Estado ¿por qué esa diferencia?¿No son todos los ciudadanos iguales ante la ley, no son todas las administraciones y todos los servidores públicos, empezando por el Rey de España, iguales ante la Ley de Transparencia? Pues no, no son iguales ante la ley y esa ley certifica esa diferencia casi de clases”, denunció Nuet, para quien “la Casa Real se merece transparencia real”.

TEXTO EMPEORADO

Por su parte, Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) criticó que el Senado “ha empeorado” la Ley de Transparencia y criticó que no se basa en que el derecho al acceso a la información es básico; establece muchas limitaciones y restricciones para acceder a determinados papeles de la administración; y contiene el silencio como respuesta.

“Con esta ley, ustedes se reservan la discrecionalidad de contestar lo que les da la gana, no sólo a los contribuyentes, sino a los diputados”, de modo que “no va a servir”, por ejemplo, “para conocer los tejemanejes” en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por su parte, Emilio Olabarría (PNV) hizo una referencia al libro “Rebelión en la granja”, de George Orwell, en la que “sólo había un animal honesto, sólo uno trabajador y noble, el caballo”.

“Los demás eran acomodaticios, narcotizados, tramposos [...] Yo cada vez veo menos caballos en el ámbito de la política”, lamentó Olabarría

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervinieron Rafael Larreina (Amaiur), Alfred Bosch (ERC) y Joan Baldoví (Compromís Equo). El diputado de la coalición vasca admitió que la ley que se vota hoy es “sustancialmente diferente” a la que entró en la Cámara pero criticó que el PP ha “agotado” el debate sobre la misma “refugiado” en su mayoría absoluta “y con el freno de mano echado”.

Tras señalar que “en el subconsciente” de esta ley subyace una concepción de la gente “como siervos, no como ciudadanos”, Larreina vaticinó que la nueva norma no satisfará a la ciudadanía, que está “muy escaldada de todos los escándalos que se está produciendo”.

VER PARA CREER

Alfred Bosch (ERC) señaló que “no es la mejor y sí que es mejorable”. A su juicio, es necesario “sancionar más y ejemplarmente el fraude o la mentira política”.

Por su parte, Joan Baldoví (Compromís Equo), manifestó criticó que esta ley, “tardía, corta e insuficiente” no regula los lobbies, ni los grupos de presión, ni hace referencia a la Iglesia Católica ni a otras confesiones.

Baldoví concluyó su intervención echando mano de la Biblia: “Decía Santo Tomás: Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:24”.

El diputado de Compromís agregó: “Si no veo que el presidente Rajoy y la señora Cospedal admiten que sabían que a Bárcenas no le llegaba el dinero por gracia del Espíritu Santo y que durante años han mantenido una contabilidad B, como lo atestigua el juez Ruz, no creeré ni esta ley ni en su voluntad de ser transparente”. “Lo siento señorías del PP, no soy un bienaventurado que creyó sin ver”, apostilló.