En nota de prensa, el sindicato denuncia que el Ejecutivo haya introducido esta medida como una enmienda a los presupuestos “sin consultar ni informar, como es su obligación, al Consejo Rector del Fogasa”.

En su opinión, esta medida forma parte de la “segunda reforma laboral” que quiere acometer el Ejecutivo y alerta de que podría afectar a “un gran número” de los 181.000 expedientes que actualmente se encuentran paralizados en el Fogasa.