Así lo expuso ante el Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, que presidió la Reina, en el que detalló las diversas medidas realizadas este año.

Mato dijo que con la reciente aprobación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social “España se convierte en uno de los primeros países del mundo en incorporar plenamente a su marco legislativo el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

En este sentido, destacó el consenso que ha recibido la nueva norma, tanto en su proceso de elaboración como en la aceptación de la que ha disfrutado, según afirmó, una vez aprobada por el Consejo de Ministros.

A esta ley, según las palabras de la ministra, le acompañará el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, diseñado a lo largo de 2013 y que será aprobado en los primeros meses de 2014.

El Plan de Acción constará de un total de 87 medidas, que abarcan varios ámbitos desde la accesibilidad, pasando por el empleo, o la educación y formación. Se basará en el principio de igualdad de oportunidades e incluirá medidas para erradicar la violencia de género en mujeres con discapacidad, garantizando su pleno y libre ejercicio de derechos.

Mato señaló también el Real Decreto 156/2013 por el que se regula la suscripción del Convenio Especial de la Seguridad Social, que beneficiará a más de 34.000 personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral.

También la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, que suspende los lanzamientos que afectan a las familias que tienen algún miembro con discapacidad superior al 33% e incrementa el umbral de ingresos que se tendrán en cuenta para que opere la suspensión de los lanzamientos cuando se trate de personas con discapacidad.

Otra de las iniciativas más relevantes para la ministra ha sido la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que pone el acento en facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ya sea a través de la contratación o del emprendimiento. Amplía hasta los 35 años de edad las medidas dirigidas a los jóvenes con discapacidad, a la vez que elimina para este colectivo el límite máximo de edad que permite la firma de contratos para la formación y el aprendizaje.

La ministra calificó 2013 como “un año rico y productivo en materia de discapacidad” que sitúa a España como “ejemplo a seguir por otros muchos países”. Prueba de ello, afirma el ministerio, es el reconocimiento internacional con el que las Naciones Unidas y la Fundación Franklin Delano Roosevelt han distinguido a España.