Las centrales sindicales afirman que los expedientes que tiene que tramitar esta institución, cuya misión fundamental es el abono a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago por declaración de insolvencia o concurso de acreedores de su empresa, han aumentado significativamente durante la crisis, pasando de 39.032 resueltos en 2007 a 154.357 en 2013.

Sin embargo, aún existen en la actualidad 180.000 casos sin resolver a pesar de que ya se ha cumplido el plazo legal de tres meses que marca el reglamento del Fogasa y llegando a retrasar algunas prestaciones incluso dos años.

Los sindicatos denuncian que la situación de los trabajadores afectados es “insostenible y dramática”, y aseguran que se ha agravado desde la externalización de la gestión del servicio a la empresa Tragsatec.

Según CCOO y UGT, los trabajadores de esta empresa “no gestionan los expedientes, no dan información, y no se les da formación alguna para ello, sin que exista ninguna actuación que permita normalizar el cobro de la prestación a favor de los solicitantes”.

También indican que ya han presentado un plan alternativo que “no ha sido tenido en cuenta”, a pesar de que aseguran que permitiría, “en un plazo razonable, alcanzar unos niveles de gestión adecuados”.