En el auto de procesamiento, el juez atribuye a los siete miembros de la banda la comisión de un delito contra la salud pública con la agravante de cantidad de notorísima importancia (artículo 370.1º del Código Penal) y les impone unas fianzas de más de 500 millones de euros.

Según explica la resolución, para dar apariencia de legalidad a su actividad criminal, el cabecilla de la trama, que se encuentra en busca y captura, creó una empresa de frutas y transportes en España y en Marruecos con la que podía transportar la droga entre ambos países.

La red llevaba el estupefaciente desde Marruecos hasta Córdoba, donde tenían la base operativa, en un tráiler de gran capacidad utilizando de cobertura palés de frutas o electrodomésticos.

Con el fin de no ser detectados en los controles policiales embalaban la droga de forma prensada y termosellada con cera para que no se filtraran olores al exterior. Una vez descargada la mercancía, era distribuida por naves situadas en diferentes polígonos industriales de Córdoba y Granada, ciudad esta última donde tenían previsto instalar su negocio criminal.

OPERACIÓN DE ESTÉTICA

En su auto, el juez destaca el alto nivel de vida que llevaban algunos de los integrantes del grupo, como demuestra que uno de ellos le regalara un coche valorado en 35.000 euros a su hija cuando solo cobraba el subsidio de desempleo o que su mujer fuera detenida en una clínica de estética cuando se realizaba las pruebas para una operación de aumento de pechos valorada en 4.000 euros. Esta mujer también ha sido procesada por el juez por un delito de denuncia falsa con la que intentó exculpar a su marido.

Cada uno de los miembros del entramado tenía una función concreta. Mientras los jefes controlaban todo el proceso la distribución de la droga y negociaban su precio y calidad, otros se encargaban de los pisos, coches, contabilidad e infraestructura de todo tipo necesaria para llevar a cabo su actividad.