La proposición de ley, cuya toma en consideración se debatirá el próximo martes en el Congreso, plantea la reforma de la legislación básica estatal en materia de contratación pública para introducir de modo estructural y sistemático cláusulas sociales, de modo que a través de la capacidad de compra de las administraciones públicas se contribuya a la realización de objetivos sociales como la inclusión, el empleo o la accesibilidad.

A juicio del Cermi, ha llegado la hora de las cláusulas sociales en toda su extensión y alcance, pues se trata de medidas de política pública que sin incremento del gasto generan y extienden bienes sociales para grupos en riesgo de exclusión como son las personas con discapacidad, entre otros.

Las cláusulas sociales están amparadas por la normativa europea y no alteran ni entorpecen la libre competencia, sino que son un genuino instrumento de política social, que, en opinión del comité, el Estado español no está usando en toda su potencialidad por adolecer de una legislación inadecuada y escasamente ambiciosa en este ámbito.

Según el Cermi, con la toma en consideración de esta iniciativa legislativa de CiU, que recoge los planteamientos del tercer sector social, se abriría una reforma normativa de crucial importancia, que podría ser mejorada en la tramitación parlamentaria, para luchar contra los efectos devastadores de la exclusión y la pobreza, usando con inteligencia y sentido social la contratación pública.