ICV argumenta que la pobreza energética afecta a más de 4 millones de personas en España, y tiene un impacto “devastador” en su vida. El Observatorio para la Sostenibilidad estima que en 2011 la pobreza energética fue responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras frente a 1.480 provocadas por accidentes de tráfico.

Denuncian que las consecuencias de la pobreza energética son múltiples y entre otros efectos genera sobremortalidad y sobreendeudamiento y un acusado aislamiento social y geográfico. España, indica la exposición de motivos de la iniciativa, es el Estado con los precios de la electricidad más caros de la Unión Europea.

Añade que desde 2006 hasta los últimos incrementos, la subida del precio de la luz para el pequeño consumidor es del 88%, lo que unido a la crisis económica hace casi imposible afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, aumentando la pobreza y los cortes de suministro. Además, según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el precio del gas se ha incrementado el 22%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%.

Sin embargo, a pesar de que esta situación de “emergencia”, los diputados de ICV señalan que el Gobierno se niega a abodar soluciones y, de hecho, la reforma eléctrica empeora la situación de las personas que menos consumen porque aumenta el término fijo de la factura un 18% lo que hará crecer el coste del recibo para los que menos consumen, de manera que los esfuerzos de ahorro y eficiencia de las familias no servirán de nada.

Destacan también que en las últimas semanas se han conocido cifras de incremento de las desigualdades en España a raíz de un informe de Intermón Oxfam. “Las 20 personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población más pobre, y ello hace urgente tomar medidas para reducir la desigualdad, acabar con la riqueza y la pobreza extremas y promover los mecanismos que previenen que los intereses de las élites económicas y financieras sean los que marquen la agenda política, en detrimento de los intereses de la mayoría de la población” , dice ICV.

Además, como el Gobierno se plantea una reforma fiscal, esta formación considera que es el momento de estudiar nuevas reglas que permitan luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad. En este sentido, ICV opina que una de las principales herramientas para la redistribución de la riqueza es la fiscalidad, que permite que las personas con más recursos contribuyan más y las que tienen menos recursos paguen menos.