El texto de la iniciativa, que se debatirá y someterá a votación este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados, apuesta en concreto por “garantizar la corrección de los desequilibrios que frenan el crecimiento económico, mediante la simplificación de procedimientos, la reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas y la eliminación de solapamientos o duplicidades”.

Su pretensión es que “esta corrección alcance todos los niveles de las administraciones públicas” con medidas concretas como la “integración del procedimiento administrativo convencional y el procedimiento administrativo electrónico, aumentar la seguridad jurídica, evitar la dispersión normativa, impulsar la administración electrónica, simplificar y reducir cargas administrativas”.

Además, pide al Gobierno que pruebe una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que integre La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage) y la Ley de Agencias Estatales con el fin de “dotar de la máxima claridad y coherencia al marco normativo” y mejorar “los servicios públicos”.