Fuentes socialistas de este municipio explicaron a Servimedia que el alcalde impuso hace años a los funcionarios la orden de que no empadronasen a ninguna persona, inmigrante o no, que no tuviera empleo, lo que provocó “muchas críticas” y la intervención del Defensor del Pueblo.

Por esta razón, en la moción socialista debatida el pasado 19 de febrero y registrada diez días antes, y a la que tuvo acceso Servimedia, se pedía que “los funcionarios de Robledo de Chavela y su alcalde se ajusten a la ley y reconozcan el derecho legal de las personas a inscribirse en el padrón municipal”.

En el escrito de la edil del PSM se señala que Soledad Becerril en su informe referido a las actuaciones de Defensor de Pueblo en 2012, incluye a Robledo en el “apartado de administraciones no colaboradoras y entorpecedoras”.

Según esta institución, Robledo de Chavela es un “caso singular porque no contesta a los requerimientos de informaciones de distintas investigaciones, en actitud claramente no colaboradora”.

Tras recordar que la delegada del Gobierno pidió recientemente al Ayuntamiento que cumpla la ley, las citadas fuentes informaron a Servimedia que el pasado 26 de febrero, la concejala socialista María José Quijada registró un escrito dirigido a la secretaria e interventora municipal, Angeles Megías, en el que “rogamos nos informe de cuantos requerimientos ha solicitado el Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Robledo de Chavela en los últimos cinco años, como consecuencia de distintas investigaciones abiertas por la citada institución, detallando fechas de dichas peticiones y la razón por la que no contesta”.