La oficina que dirige Soledad Becerril ha recurrido, en concreto, dos apartados de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, que otorgan al ejecutivo municipal competencias que son del Pleno de la Corporación, y que permiten adoptar medidas económicas aunque anteriormente hayan sido rechazadas por el Pleno.

La institución considera que la disposición adicional tercera de este Decreto-ley restringe el “reducto indisponible o núcleo esencial de la institución local” (en palabras del propio Tribunal Constitucional ya desde sus primeras sentencias), que configura nuestro régimen de autonomía municipal", según señala el Defensor en un comunicado.

La institución ha estimado con este recurso la solicitud del diputado de Izquierda Unida por Málaga Alberto Garzón, quien se dirigió al Defensor del Pueblo tras la aprobación y posterior convalidación del decreto ley.