Señaló que Aguirre pretende limitar un derecho constitucional, como es el de acceso a la justicia, “con el objetivo de machacar a un colectivo, el de los abogados del turno de oficio que lleva más de un año enfrentado al Gobierno y que, tanto Aguirre como Granados han tratado de desprestigiar”.

Afirmó que la presidenta autonómica también pretende abrir un nuevo espacio de confrontación con el Gobierno de España y dijo que, “de este modo, quiere ocultar la inacción del Ejecutivo regional en materia de justicia frente al Plan de Modernización del ministerio, dotado con más de 200 millones, y quiere solapar también el hecho de que Madrid sea la región donde mas ha crecido la planta judicial desde que Rodríguez Zapatero es presidente del gobierno”.

Recordó que el decano del Colegio de Abogados de Madrid ya advirtió de que se pretende recortar un derecho constitucional por cuestiones económicas y denunció que en lugar de ir a la raíz del problema y poner en marcha medidas que permitan determinar quién tiene acceso a ese servicio, “Aguirre quiere imponer condiciones que son imposibles de cumplir ni determinar si se tiene o no ese derecho”.

Exigió a Aguirre que reconozca que tanto Aznar como Ruiz-Gallardón hicieron “mal” el proceso de transferencias en materia de justicia a la Comunidad de Madrid y que decida si su gobierno esta capacitado para seguir gestionando estas competencias, “ante tanta inutilidad demostrada hasta la fecha”.