En concreto, los socialistas han presentado en la Cámara Baja una proposición, recogida por Servimedia, para modificar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial en lo referido a a la justicia universal.

La formación que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba afirma en su iniciativa que la reforma impulsada por los populares, que fue aprobada el pasado 13 de marzo, "comporta una grave limitación de la jurisdicción de los jueces y tribunales españoles para el ejercicio del principio de jurisdicción universal, que es el que permite enjuiciar los más graves delitos y violaciones de los derechos humanos".

Según el primer partido de la oposición, "esta reforma representa un retroceso en el combate contra las violaciones de los derechos humanos y un menoscabo de la jurisdicción universal, cuyos principios inspiradores no son otros que el castigo de los culpables de crímenes que atentan contra la propia condición y dignidad humana y evitar, hasta donde sea posible, la impunidad".

Los socialistas destacan, además, que la modificación legal promovida por el PP ha propiciado "la puesta en libertad de una treintena de narcotraficantes detenidos tras cometer graves delitos que habrían comportado penas muy graves y que han tirado por la borda los esfuerzos y recursos humanos y materiales empeñados en esta difícil tarea".

"CONEXIÓN RELEVANTE" CON ESPAÑA

No obstante, el PSOE reconoce que "el ejercicio de la jurisdicción en materia de lucha contra el narcotráfico requiere, sin duda, a la hora de su aplicación un escrutinio riguroso de la concurrencia de los requisitos exigidos por la legislación que se propone".

Por ello, los socialistas proponen una reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de forma que en su artículo 2 diga que la Audiencia Nacional "conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos".

Además, la formación de Rubalcaba plantea en su reforma que, para que la Audiencia investigue, "deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles".

Asimismo, los socialistas proponen que "el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el tribunal a los que se refiere el párrafo anterior".