"Hay sobrados indicios de que Doña Cristina de Borbón ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social de Aizoon, de los fondos ilícitamente ingresados en la mercantil, procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos a costa de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear", explica el magistrado.

Mediante este auto, Castro ha confirmado la imputación de la infanta Cristina por dos delitos de blanqueo de capitales y otro fiscal, al finalizar la instrucción del 'caso Nóos', en el que también se confirma la imputación de su marido, Iñaki Urdangarin.

El juez entiende que la “colaboración silenciosa” de la infanta en la gestión de Aizoon fue necesaria por un lado para lucrarse personalmente y, por otro, facilitando los medios para que lo hiciera su marido. En ese sentido, considera que la participación de la hermana del Rey en la sociedad tenía el objetivo de servir de escudo ante Hacienda.

Además, señala que “el olvido, la ignorancia o la derivación de responbilidades a terceros” que hizo la infanta Cristina cuando declaró ante el juez y dijo en más de 400 ocasiones que no recordaba los hechos por los que se le preguntaba, deben ser argumentos “desatendidos”, porque estaba obligada a “conocer” lo que ocurría en su entorno.

El juez hace en su auto un repaso del destino que dio la pareja a los fondos obtenidos a través de Aizoon, y entre ellos cita el alquiler de tres estufas de jardín, una merienda para 30 niños con motivo de la comunión de uno de sus hijos, viajes, regalos e incluso el salario de sus trabajadores domésticos, que “no puede pasarse por alto” que se cargaban a Aizoon.

El magistrado entiende que no basta con que la Infanta alegue confianza plena en su marido por estar enamorada o que niegue o no recuerde los hechos por los que le preguntó en su declaración del pasado 8 de febrero, y estima que deber someterse a juicio.

En su auto, el juez número 3 de Palma considera a Cristina de Borbón responsable de un delito contra la Hacienda pública como cooperadora de los dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en el IRPF de los ejercicios 2007 y 2008 a través de Aizoon, la sociedad familiar en la que poseía el 50 por ciento.

Asimismo, la considera culpable de blanquear el dinero público obtenido irregularmente a través del Instituto Nóos. La hermana del Rey Felipe VI se gastó dinero público desviado de Nóos a Aizoon en la reforma del palacete de Pedralbes, obras de arte, clases de salsa y merengue, vestidos, viajes de lujo y cumpleaños infantiles.

Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Urdangarin “difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado", indica,

SEIS DELITOS PARA URDANGARIN

En el auto conocido este miércoles, el duque de Palma queda señalado como responsable de seis delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad y dos fiscales correspondientes a la Declaración de la Renta de 2007 y 2008. A su socio Diego Torres le imputa también los cuatro primeros delitos y uno fiscal correspondiente al IRPF de 2007.

Castro ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, con el que da por finalizada la instrucción de la pieza 25 del 'caso Palma Arena'. Quedan 16 imputados, entre los que destacan el exsocio de Urdangarin, Diego Torres; su mujer, Ana María Tejeiro, y el expresidente balear Jaume Matas.

Sin embargo, la imputación se levanta para el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, el colaborador de Urdangarin Mario Sorribes, el socio del duque de Palma en Valencia Miguel Zorio, y Alfonso Grau.

El auto no es firme y en su contra se puede presentar recurso de apleación ante la Audiencia de Palma. El magistrado da un plazo de 20 días para que las acusaciones formulen sus escritos ante el juzgado solicitando la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento.

Por tanto, el juez Castro deja clara su intención de llevar a la hermana del rey Felipe VI y a su cuñado al banquillo de los acusados, algo que aún está por ver si sucede, a la vista de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado y las defensas piensan recurrir. En el caso del delito fiscal es necesario que la Hacienda Pública acuse al supuesto defraudador para que haya una condena, según la conocida como `doctrina Botín´.