Así lo señaló Soria en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, en la que explicó que cada vez que una unidad de explotación de este tipo “va a un puerto”, como en Guinea o en la costa este africana, “puede dejar entre 25 y 30 millones de euros en un mes o dos meses que están allí”, gracias a la “actividad económica” que genera con los suministros a la plataforma, o la reparación en astilleros, entre otros.

Soria explicó que la probabilidad que maneja el operador, Repsol, es “muy alta” y se sitúa en torno al 18%, y las previsiones apuntan que de los yacimientos se podrían llegar a extraer a lo largo de 20 años unos 140.000 barriles al día, el 10% del consumo total nacional, de 1,4 millones de barriles diarios.

No obstante, Soria matizó que las compañías que operan en prospecciones trabajan en base a un “cálculo de probabilidades”, por lo que hasta que no se realicen los sondeos incurren en “riesgo comercial”

El ministro defendió los sondeos petrolíferos al ser una “fortaleza” en términos geopolíticos, y ante la dependencia española en más de un 99% en la importación de hidrocarburos, gas y petróleo, lo que supone una factura anual de 40.000 millones en balanza comercial. “No hay ningún país del mundo que renuncia a conocer cuál es la cantidad de recursos naturales que dispone”, apostilló Soria, quien apuntó que dentro de la estrategia de seguridad nacional, hay un capítulo de seguridad energética que insta a impulsar los sondeos.

Además, resaltó que las prospecciones autorizadas se realizarían en el borde línea imaginaria separa el Reino de España y el Reino de Marruecos donde “desde hace muchos años lleva haciendo prospecciones”.

Si Marruecos “pinchara y descubriese recursos y nosotros no”, apostilló Soria, sería el “más absurdo” y “más grande” ridículo que se podría realizar “como economía, nación y sociedad”.

Asimismo, Soria destacó que los requisitos y condicionantes medioambientales son “superiores” a los que se venían realizando tras la modificación de la ley de impacto ambiental de 2013.

De igual forma, sostuvo que el Gobierno “no ha autorizado ninguna prospección en Canarias”, sino que se ha concedido el permiso para realizarlas a una distancia de entre 50 y 70 kilómetros de Fuerteventura, y entre 70 y 110 kilómetros de Lanzarote, por lo que “no son aguas canarias, es España, aguas territoriales de España”.

REFERÉNDUM

En esta línea, abogó por acatar el pronunciamiento “muy claro” y “contundente” del Tribunal Supremo, que desestimó los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012 que autorizaba las prospecciones.

Sobre el referéndum sobre los sondeos anunciada por el gobierno canario, Soria mostró su rechazo a esta consulta popular puesto que “no compete a los ciudadano que somos canarios, compete a todos”. “No tiene nada que ver con Canarias, salvo los beneficios que puede obtener por ser la comunidad más cercana”, añadió.

A nivel político, el titular de Industria afirmó que si no hubiese sido un ministro canario “no hubiese habido la mínima oposición” por parte del PSOE y de Coalición Canaria (CC), partidos que, según recordó, llevaban en sus programas electorales de 2011 las prospeciones.

De hecho, añadió Soria, el gobierno socialista autorizó en 2010 a una distancia de entre 9 y 30 kilómetros los sondeos en las costas de Baleares y “cuatro años después ese mismo presidente en Baleares le plantea a este Gobierno que revoque la autorización que dio su propio gobierno”, algo que a su juicio genera una “confusión enorme” entre la ciudadanía.