En esta sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Ignacio Ortega, el Constitucional se pronuncia por primera vez sobre esta nueva regulación legal y concede el amparo a una mujer que solicitó la nulidad de la subasta de una plaza de garaje.

En este caso, la demandante de amparo alegaba que, si bien el nuevo domicilio de su empresa mercantil no figuraba en el registro, en él se habían realizado correctamente otras notificaciones. Y añade que en las actuaciones existía otro domicilio alternativo más al empleado por el juzgado, como era el de su vivienda habitual, donde se le había notificado con éxito el embargo de dicha vivienda.

El Tribunal Constitucional ha fijado una consolidada doctrina respecto del uso de la comunicación vía edicto, cuya naturaleza debe ser subsidiaria. Es decir, según ha establecido el TC, el órgano judicial tiene la obligación de “agotar los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado” y debe albergar la “profunda convicción de que resultan inviables e inútiles otros medios de comunicación procesal” antes de recurrir al edicto como medio para comunicar la celebración de la subasta.

Esta práctica no varía, según afirma la sentencia, como consecuencia de las reformas sufridas por la LEC en 2009. Estas reformas afectaron a los artículos 155 y 156, que se refieren a los actos de comunicación con las partes no personadas y las averiguaciones del tribunal sobre el domicilio.

La nueva redacción dada al artículo 156 LEC, explica el TC, “mantiene el mandato de que ‘se utilizarán los medios oportunos para averiguar el domicilio o residencia del demandado’, si bien concreta en la figura del secretario judicial la obligación de hacerlo”.

El artículo 155, por su parte, tiene un nuevo párrafo relativo a los actos de comunicación con las personas jurídicas, disponiendo que "podrá señalarse como domicilio cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un registro oficial”.