Cataluña. Convocar elecciones y referéndum el 9-N sería ilegal, según dos constitucionalistas
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Los constitucionalistas Rafael Murillo y Elviro Aranda consideran que podría ser legal que Artur Mas convocase elecciones catalanas anticipadas el próximo 9 de noviembre, aunque entienden que estos comicios podrían no cumplir la normativa si, a la vez, el presidente catalán llama a los ciudadanos a votar en un referéndum ilegal.
En este sentido, Murillo, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, declaró hoy a Servimedia que si Mas convocase elecciones el 9-N, primaría el Estatuto catalán sobre la Ley Orgánica de del Régimen Electoral General (Loreg).
El Estatut prevé un plazo que va de los 40 a los 60 días desde la disolución anticipada del parlamento para convocar de nuevo elecciones. Por el contrario, la Loreg establece que unos comicios deben fijarse 54 días antes de la fecha de la votación.
Por su parte, Aranda, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, sostuvo que “habría que ver” si en este caso se trata de una materia que forme parte de la legislación básica, es decir general para todo el Estado, en cuyo caso prevalecería la Loreg.
“REALIDADES DISTINTAS”
No obstante, Aranda recordó que el Estatuto ya fue sometido a una revisión por parte del Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el PP en el año 2006 y afirmó que resulta “muy raro” que no revisaran este punto. Por lo que “es probable que ese tema no esté dentro de lo que está reservado a materias básicas”.
Ante una hipotética celebración conjunta de las que las elecciones adelantadas y la consulta soberanista, ambos consideran “bastante complejo” que esta pudiera producirse. “Legalmente no estaría contemplado que se celebraran juntas porque son dos realidades distintas”, afirmó Murillo.
Este catedrático sugirió incluso que una celebración simultánea “podría llevar aparejado que el Tribunal Constitucional viera inconstitucional el proceso electoral” y ordenara su paralización o la imposición de las medidas cautelares oportunas para “respetar el derecho a la participación política e impedir la celebración de una consulta”.
Aranda, quien consideró que la ley de consultas supone un fraude porque en la práctica pretende hacer una consulta sobre una materia de la que el Gobierno catalán carece de competencias, afirmó que “no se puede” poner una urna al lado de la otra para hacer el referéndum.
Los dos constitucionalistas recordaron que el cuerpo electoral en el caso de las elecciones difiere respecto al de la consulta, que permite la participación a menores de 16 y a extranjeros residentes en Cataluña, lo que dificultaría más la celebración conjunta porque “no se podría crear otra mesa distinta”, explicó Murillo.
(SERVIMEDIA)
23 Sep 2014
CLG/pai