Fuentes del Gobierno autonómico explicaron a Servimedia que, una vez expirado el plazo de 10 días para que Uber entregase la documentación que demostrara que está autorizada para dar este tipo de servicios, no le ha quedado más remedio que aplicar este expediente por "obstrucción a la inspección".

No obstante, recordaron que tienen ahora otros 15 de alzada para presentar alegaciones y la documentación correspondiente al Registro Mercantil. "La intención de la Comunidad de Madrid es aplicar la ley", puntualizaron las fuentes consultadas. "No estamos contra la aplicación. Si presentan los papeles estaremos encantados de autorizarles".

La normativa estatal, cuya gestión está transferida, establece que las empresas de este tipo tienen que presentar al Registro una serie de licencias y darse de alta como empresa de transportes o turística con autorización para el transporte de viajeros, pagar su impuesto de actividades económicas, contratar la oportuna cobertura jurídica y afiliarse a la Seguridad Social.

Respecto a los vehículos en sí, todos los conductores dedicados al transporte de viajeros tienen que tener una serie de licencias, seguros y permisos de conducir especiales. Lo contrario significaría que se trata de un vehículo pirata que no se puede consentir por seguridad del viajero. Este año, precisó, se han interceptado 70 y sólo uno, por el momento, era de Uber.

En este sentido, las fuentes consultadas señalaron que los vehículos de Uber pueden tener dos tipos de licencia: las de taxi u otra para tener 30 vehículos de alquiler de vehículo con conductor. "Fórmulas hay", enfatizaron, indicando que antes del verano la Consejería de Transportes tuvo una reunión con Uber explicándoselas. "Pero parece que han preferido implantarse como en el resto del mundo". lamentaron.