Según la líder de UPyD, los datos que se van conociendo sobre el caso adquieren cada vez más "gravedad", pues apuntan a "una trama" que impidió a los policías detener a terroristas. Para ella, esto la eleva a la categoría de "cuestión de Estado", por tratarse de "una vulneración de las reglas del juego democrático que pone en riesgo la seguridad del Estado y que burla el trabajo profesional de los policías dedicados a la lucha antiterrorista”.

Por eso, Díez insistió en que se requiere una explicación política urgente: “El Ministerio del Interior y el Gobierno no pueden refugiarse en que el asunto está en los tribunales, porque precisamente ha sido la Fiscalía quien solicitó el archivo de la causa y, por tanto, el tema ha sobrepasado al Ministerio del Interior”.

En este sentido, criticó la actitud del Gobierno, de quien dijo que hasta ahora sólo ha intentado "una huida hacia delante u ocultado datos, y los ciudadanos necesitan una clarificación suficiente de los datos para que sepan que las reglas de nuestra democracia funcionan”.