Los representantes legales de doña Cristina ya habían anunciado su intención de realizar este depósito como gesto de buena voluntad que convenza al juez instructor, José Castro, de excluirla de una causa pendiente del escrito de apertura de juicio oral, que probablemente se dictará antes de fin de año.

La Fiscalía no acusa a la Infanta de delito alguno, pero la acusación popular ejercida por Manos Limpias pide para ella ocho años de prisión como cooperadora necesaria en los delitos de blanqueo y fraude fiscal y no sólo como beneficiaria a título lucrativo de los delitos de su esposo.

Está en juego, por tanto, si la hermana de Felipe VI tiene que enfrentarse a juicio, algo que sólo puede suceder si el juez Castro permite a Manos Limpias acusar en solitario, en contra de la 'doctrina Botín', que establece que si Hacienda, como perjudicada, no acusa a la persona imputada, no puede ser procesada.