El Real Decreto que regula este programa recibió el apoyo de 299 diputados, 9 votos en contra y 20 abstenciones, si bien la Cámara decidió no tramitarlo por el procedimiento de urgencia.

El Gobierno consensuó el diseño de este programa con las organizaciones sindicales y empresariales, y con las comunidades autónomas, que tendrán un papel protagonista en su puesta en marcha.

El programa liga la ayuda a los parados a que los beneficiarios adquieran un compromiso de búsqueda activa de un empleo y no podrán rechazar una oferta “adecuada” de empleo, ya que en esa caso dejarían de percibir la prestación.

En cuanto a los requisitos para acceder al plan de activación, los parados deben haber estado inscritos como demandantes de un empleo a fecha de 1 de diciembre de 2014, y llevar en esta situación al menos 12 meses en el último año y medio.

Asimismo, tienen que haber agotado todas las ayudas y subsidios hace más de seis meses y no recibir ninguna prestación de comunidad autónoma o ayuntamiento. También tienen que tener responsabilidades familiares y no superar el nivel de renta que se establezca.

Además, si una empresa privada contrata a un trabajador que esté percibiendo esta ayuda, podrá deducírsela del pago del salario.

El plan lleva vigente desde el 15 de enero y concluirá el 15 de abril de 2016. El Ejecutivo estima que se beneficiarán entre 400.000 y 450.000 parados, con un coste total de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Asimismo, prevé que la tasa de cobertura de la protección por desempleo alcance el 65%, frente al 57,31% del mes de octubre.