El Senado acoge desde ayer una reunión de la Cosac, un órgano especializado en asuntos europeos integrado por representantes de los Parlamentos de los 27 países miembros de la UE. Por parte del Parlamento Europeo, la delegación estará compuesta por los vicepresidentes Miguel Ángel Martínez (PSE) y Silvana Koch-Mehrin (ALDE).

Esta reunión preparatoria tiene objeto fijar la agenda de la XLIII reunión general de la COSAC, que se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio en el Congreso de los Diputados de Madrid y que tratará la aplicación de los nuevos poderes otorgados por el Tratado de Lisboa a los Parlamentos nacionales.

En su discurso de bienvenida, Rojo destacó que es la primera de las reuniones parlamentarias que van a celebrarse durante el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea y se mostró atisfecho del nuevo papel de los Parlamentos nacionales en la construcción europea.

A partir de ahora, dijo, los Parlamentos "debemos ser informados sobre la evaluación de las políticas en los espacios de libertad, seguridad y justicia; sobre las propuestas de modificación de los Tratados o sobre las solicitudes de adhesión a la Unión".

También podrán participar activamente en el control de Europol y Eurojust junto con el Parlamento Europeo, pudiéndose oponer a las disposiciones no conformes con el principio de subsidiariedad, por medio de los procedimientos denominados de la “tarjeta amarilla” y de la “tarjeta naranja”, e, incluso también, a las medidas de cooperación judicial en materia civil en aspectos del Derecho de Familia.

Por primera vez, destacó el presidente del Senado, los Parlamentos nacionales tienen un papel específico en los asuntos europeos "distinto, e incluso contrapuesto, del que asumen los Gobiernos nacionales".

Los Parlamentos incrementan así su papel "controlador" de los Gobiernos nacionales, "supervisan su gestión de los fondos" de la Unión Europea, "vigilan la transposición del Derecho comunitario" a la legislación nacional o "evalúan la correcta aplicación de principio de subsidiariedad".

De hecho, concluyó Rojo, a partir de ahora una propuesta legislativa comunitaria puede "incluso ser rechazada si así lo decide una mayoría de los Parlamentos y una mayoría del Parlamento Europeo", así como una mayoría del 55% de los miembros del Consejo.

El "peso simbólico" que esta posibilidad tiene "no puede ser mayor", pues los Parlamentos nacionales "entran, por primera vez, en el proceso de construcción comunitaria, como actores de primer nivel, con un peso político propio".

Ello impulsa de hecho la idea de la ciudadanía europea y abre una nueva etapa para los Parlamentos nacionales, que ahora tienen la "obligación de encontrar los mejores métodos de cooperación y de explotar las posibilidades que la normativa comunitaria nos da".

Javier Rojo terminó haciendo un llamamiento para contribuir a la construcción de "una Europa más fuerte desde las instituciones parlamentarias, en un momento especialmente difícil como el que vivimos en nuestros días, en una coyuntura de crisis económica internacional, de la que, sólo como una Europa fuerte y unida, podremos salir reforzados".