En un escrito remitido a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, la defensora afirma que “toda expresión de odio o desprecio debe ser rechazada y no puede tener sitio en nuestra sociedad”.

Asimismo, recuerda que “la defensa de los derechos humanos exige proteger el derecho a la vida y la dignidad de las personas” y por ello solicita que se indague si las publicaciones aparecidas en Twitter son “constitutivas de delito”.