El texto, del que ha sido ponente la vocal Nuria Abad, aboga por “limitar” la eficacia de esa inmunidad “para permitir la plena efectividad del principio de justicia universal con relación a determinados delitos especialmente graves que de otro modo sería prácticamente inaplicable”.

“Se trataría, por tanto, de limitar los efectos de la inmunidad ‘ratione materiae’ de los antiguos jefes de Estado y de Gobierno y de los antiguos ministros de Asuntos Exteriores ante la presencia de determinados crímenes internacionales especialmente graves, respecto de los cuales no cabría apreciar el fundamento de las inmunidades materiales, pues aquellos actos especialmente odiosos no podrían ampararse nunca en el ejercicio de las funciones oficiales de un Estado dentro de una comunidad internacional que los rechaza terminantemente y los persigue denodadamente”, asevera la propuesta de informe.

La ponente del informe señala que “no cabe cuestionar la oportunidad de la norma proyectada”, inspirada en el contenido de la Convención de la ONU de 2004 sobre inmunidades estatales, a la que se ha adherido España, ante la “manifiesta dificultad en conseguir el número de adhesiones, ratificaciones o aceptaciones de los Estados requeridos para la entrada en vigor del texto”.

La propuesta de informe añade que la posibilidad de que la Convención termine entrando en vigor “debería en último extremo contemplarse en la propia norma interna, previendo su aplicación en defecto de convenio o acuerdo internacional, y en concreto de la Convención de la ONU”, evitando así la convivencia de dos normas, la internacional y la interna, con un contenido prácticamente idéntico.

La ponente también plantea sugerencias encaminadas a tratar de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes hayan visto lesionados derechos fundamentales por acciones u omisiones presuntamente imputables a un Estado extranjero que constituyen violaciones de normas internacionales de ‘ius cogens’ (de obligado cumplimiento) de cuyo conocimiento resulten competentes los tribunales españoles.

Para ello, propone articular una vía frente a la regla general de la inmunidad de jurisdicción de los Estados que ampare los casos en que se ejerciten en España acciones indemnizatorias por lesiones o daños causados por el país extranjero que puedan considerarse violaciones graves de las normas internacionales antes citadas.

El texto que estudiará el Pleno hace varias observaciones a la regulación procesal del régimen de inmunidades, que señala que la inmunidad ha de ser apreciada de oficio por el tribunal, sin perjuicio de que podrá ser alegada por su titular o beneficiario en cualquier momento del proceso.

En conclusión, propone la supresión de estos trámites, por no compadecerse bien con el ejercicio de la función jurisdiccional, que corresponde a los tribunales de forma exclusiva y excluyente.