Varios afectados se pronunciaron sobre este asunto en el marco del VI Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo y en referencia a lo sucedido este jueves con la familia de José María Félix Latiegui, asesinado por ETA en 1981. Los allegados de este empresario fueron expulsados de la Audiencia Nacional al protestar durante un juicio, donde se quejaron de que el etarra que cometió este crimen no vaya a ser juzgado al haber prescrito el delito.

A este respecto, Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza (Guipúzcoa), declaró en Salamanca que comparte con las víctimas la idea de que “jamás un asesinato puede prescribir”. Añadió que esta situación evidencia que “quedan muchas cosas por hacer a favor de las víctimas y de la legalidad en España”.

Además, en referencia a qué puede hacerse para evitar casos como el del asesino de Latiegui, Otaola señaló que “los políticos nos debemos poner las pilas y acabar con las lagunas que existen en nuestras leyes”.

A su vez, María Olvido del Valle, viuda de un guardia civil asesinado por ETA, opinó que es “una injusticia que prescriba un asesinato”, al tiempo que destacó que le parecería muy injusto que el asesino de su marido, aún sin detener, no fuese juzgado al haber pasado 31 años desde que se cometió el crimen.

Por su parte, Irene Villa, que perdió una pierna en una atentado etarra que afectó también a su madre, declaró que es “muy doloroso” que prescriba la responsabilidad de una acción terrorista, puesto que “el dolor de una víctima no prescribe”.

Aludió a que esto es lo que puede suceder con el atentado que le afectó a ella y a su madre, por lo que reivindicó que “quien la hecho lo tiene que pagar, pasen los años que pasen”. Añadió que “el atentado se llega a superar, pero con la injusticia no puedes vivir, es algo que se te clava en el corazón”.