El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación en el sumario sobre Afinsa, de 33 folios, que se instruye en la Sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El escrito se ha planteado después de que el juzgado de Instrucción que lleva la causa diera traslado a las partes el pasado 13 de julio para que formularan el escrito de acusación.

Según la Fiscalía, Afinsa Bienes Tangibles, S.A. desarrolló, al menos desde 1998 y hasta el 9 de mayo de 2006, un negocio de captación de ahorro masivo a través de multitud de locales en numerosas poblaciones españolas. Se formalizaron entonces contratos tipo de inversión en sellos, que ofrecían el atractivo de unas rentabilidades superiores a los productos de inversión comercializados por las entidades financieras.

La apariencia empresarial era, en principio, una actividad lícita de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora ­Afinsa- y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador.

SELLOS CON ESCASO VALOR

Sin embargo, La Fiscalía destaca que ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir “ad infinitum” esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes. La única posibilidad era que las aportaciones de nuevos clientes pudieran ser utilizadas para pagar las desinversiones y rentabilidades de los anteriores, a quienes se les hacía creer que las cantidades que se les abonaban procedían de la revalorización de los sellos.

A su vez, este mecanismo de financiación generaba nuevos compromisos económicos y crecientes gastos de la sociedad. Ello determinó que Afinsa se encontrara en la fecha de la intervención judicial, aunque también mucho antes, en una situación de absoluta insolvencia, perfectamente conocida por los responsables de la compañía. Éstos ocultaron mediante una falsa contabilidad para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio.

El engaño a los clientes consistía, por tanto, en la comercialización de unos sellos sin el valor que Afinsa les atribuía, en ocasiones sin valor alguno, en revalorizaciones inexistentes y en la ocultación del estado de insolvencia de la compañía, que arrojó un creciente patrimonio neto negativo, que alcanzó, a 9 de mayo de 2006, fecha de la intervención judicial, 1.928.614.000 euros, como se expresa en el siguiente cuadro (cantidades en miles de euros):

El pasivo exigible total derivado de los contratos de inversión a 9 de mayo de 2006 alcanzó la cifra de 2.574.343.530 euros (2.221 millones de euros de principal y 353 millones de euros de intereses) en un progresivo e imparable aumento de los compromisos que, a la fecha de la intervención alcanzaban a 190.022 clientes titulares de 269.570 contratos filatélicos en vigor.

DELITOS Y AUTORES

La Fiscalía acusa de estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales a Juan Antonio Cano Cuevas, al que pide 19 años de prisión; Albertino de Figueiredo Nascimento, 15 año; Carlos de Figueiredo Escribá, 16 años; Vicente Martín Peña, 15 años; y Emilio Ballester López, al que pide 13 años de cárcel.

El Ministerio Público acusa de estafa e insolvencia punible a Joaquín José Abajo Quintana, para el que solicita 11 años de prisión, al tiempo que califica como cómplice de estafa a Esteban Pérez Herrero, al que pide cuatro años de cárcel. También por ese delito se señala a Francisco Guijarro Lázaro, al que además el fiscal atribuye blanqueo y un delito contra la Hacienda Pública, para el que solicita ocho años.

Igualmente acusa de ser cómplices de estaba a Grefory Manning, al que pide 5 años, y a Ramón Soler Antich, para el que solicta tresa años y un día de prisión. Además, la Fiscalía atribuye falseamiento de cuentas anuales a Francisco Blázquez Ortiz para el que propone dos años y un día de cárcel. Acusa a Juan Domingo Brualla de un delito contra la Hacienda Pública, al igual que hace con Jordi Domingo Brualla, para los dos pide dos años y seis meses de cárcel. Tendrán que idemnizar al erario público.

Los acusados Cano Cuevas, Figueiredo Nascimento, Figueiredo Escribá, Martín Peña, Ballester López y Abajo Quintana indemnizarán conjunta y solidariamente a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos filatélicos cuya identidad figura en la relación incorporada en el Anexo P-2 del Informe de la Administración Concursal de la sociedad.

Esa cantidad, que corresponde al importe de los fondos entregados a dicha sociedad con motivo de la contratación de sus productos de inversión (2.221 millones de euros) y a los intereses de tales inversiones (353 millones de euros), deberá ser minorada en la cantidad que en el curso de dicho procedimiento concursal se haya abonado ya o pueda abonarse en el futuro a cada uno de esos inversores con motivo de la liquidación de la sociedad, según quede acreditado durante la ejecución de la sentencia que recaiga en esta causa.

De dichas indemnizaciones responderá subsidiariamente la sociedad Afinsa, Esteban Pérez Herrero, Ramón Egurbide Urigoitia, Francisco Guijarro Lázaro, Gregory Manning Sectrum Group International, INC. Y Ramón Soler Antich.