Así lo anunciaron en rueda de prensa tras reunirse en la Cámara Baja el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

En un claro mensaje al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a menos de un mes para que se celebren las elecciones autonómicas del 27 de septiembre que Mas ha planteado en clave plebiscitaria y secesionista, el texto recoge que el Constitucional "velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones".

En caso de que pudieran ser incumplida, recoge, el TC "requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares llevar a cabo su cumplimento para que en el plazo que se les fije informen al respecto".

Si recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, reza el texto, el Constitucional apreciase "el incumplimiento total o parcial de su resolución", podrá "imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que la incumplan".

Además, podrá "acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del TC", esto es, podría suspender a Artur Mas de sus funciones.

Igualmente, el texto del PP contempla que el TC pueda "requerir colaboración" del Gobierno de la nación para "adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones" y que pueda "deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

La proposición de ley también contempla que "si se trata de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial trascendencia constitucional, el Tribunal de oficio, o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento sin oír a las partes".

"En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas", señala la iniciativa parlamentaria del PP.

"NADIE VA A ROMPER ESPAÑA"

"Es la garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del Constitucional y va en contra de aquellos que pretenden saltarse las reglas del juego", afirmó García Albiol en un claro aviso a Mas.

El candidato del PP a las elecciones catalanas aseguró que esta iniciativa parlamentaria es "un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España, de que la broma se ha terminado". "Es el mejor instrumento de que nadie va a romper España", trasladó.

La proposición del PP reformaría cuatro artículos de la ley del Tribunal Constitucional y, tal y como avanzó Hernando, será tramitada por el procedimiento de urgencia con lectura única en pleno.

Según los cálculos del PP se votaría en el Congreso su toma en consideración la semana del 15 de septiembre y el texto iría a votación en pleno el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas.

"Damos herramientas para que el TC las aplique", dijo Hernando para afirmar que no quiere "prejuzgar" las resoluciones de cada uno. Con todo, trasladó a Mas que "las resoluciones no van a salir gratis más allá de que lo que un señor pueda decir en una asamblea". "Refuerzan el Estado de derecho", trasladó.

LLAMADA AL PSOE

Hernando explicó que le han comunicado al PSOE el registro de esta proposición y García Albiol llamó a Unió y al PSOE a "sumarse" a esta reforma en la votación que tendrá lugar en las Cortes Generales y a ser "coherentes".

"Nosotros no creemos que haya que hacer desaparecer el Constitucional", dijo en referencia a Ciudadanos para lamentar que "algunos con sus propuestas cometen graves errores".

El portavoz parlamentario valoró la reforma porque tiene "verdadera vocación de futuro para suplir algunas lagunas" y descartó, pese a que se presenta en vísperas de las elecciones catalanas, que se trate de una iniciativa "oportunista ni coyuntural".