Según informa el Ministerio del Interior, las víctimas llegaban a trabajar hasta quince horas diarias sin días de descanso y eran sometidas a coacciones y amenazas por parte de los integrantes de esta red. A su vez los alojaban en domicilios con escasas condiciones de higiene en los que hasta cinco personas llegaban a ocupar espacios de reducida habitabilidad.

En las investigaciones, que comenzaron en enero, se pudo comprobar cómo un grupo integrado por diferentes personas de origen indio y familiares entre sí, actuaba de manera estructurada en diferentes locales y establecimientos de hostelería de su propiedad, en las localidades de Salou y Vila-Seca.

El entramado familiar estaba compuesto por 6 personas de origen indio, de las que 4 tenían nacionalidad española. El padre, cabeza de la trama, establecía las directrices al resto de los miembros. Los dos hijos se encargaban de supervisar y administrar los diferentes locales, recaudando el dinero en ellos generado y la mujer, a su vez, colaboraba con actividades de mantenimiento y control de los mismos.

Así, el líder de la trama contaba con un hombre de confianza que actuaba en su representación para la ejecución de diferentes tareas. Un último miembro, conocedor de las condiciones de los trabajadores, figuraba como administrador de las sociedades que controlaban los distintos establecimientos hosteleros.

Los trabajadores, ciudadanos extranjeros en condiciones precarias, aceptaban los contratos de trabajo movidos por la necesidad de regular su situación en nuestro país y enviar dinero a sus familias.

Los miembros del clan, aprovechándose de su situación y amenazándoles con no renovarles su contrato, les pagaban en metálico, sin justificante y de manera totalmente irregular, descontándoles en ocasiones gastos de manera injustificada por alquiler o alimentación al final de cada jornada de trabajo.

Además, con frecuencia y de manera injustificada eran reubicados en los diferentes locales de los que disponía la trama. Se les exigía, también, anticipar seis meses de cuotas a la Seguridad Social para asegurar y mantener su contrato de trabajo, el cual es indispensable para la renovación anual de su permiso de residencia.

En los registros efectuados se ha intervenido, además de numerosa documentación, vehículos de alta gama, más de 40.000 euros, 864 dólares USA, 250 libras esterlinas, 20.810 rupias indias, 160 rublos rusos, así como diverso material tecnológico e informático. También han sido arrestadas 2 personas alojadas en uno de los pisos de la red sobre las que pesaban sendas reclamaciones judiciales.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, defraudación a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración ilegal.