Agenda 2030

50 organizaciones defienden ante Bustinduy que, pese a los “ingentes desafíos” que “enfrenta” el planeta, “hay margen de acción”

- Integran la plataforma Futuro en Común y este miércoles presentaron al ministro ‘El INconFORME’

MADRID
SERVIMEDIA

La plataforma Futuro en Común, integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, defendió este miércoles ante el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que, “a pesar” de los “retrocesos” en “áreas clave” para el desarrollo sostenible y de los “ingentes desafíos” que, a su juicio, “enfrentamos” en el ámbito ambiental, social, económica y democrática, “todavía hay margen de acción”.

Esa es una de las conclusiones de ‘El INconFORME’, que presentaron a Bustinduy y que “propone” una “hoja de ruta integral y consensuada” de aquí a 2030 con el objetivo de “dar solución a los desafíos” que representan la emergencia climática, las desigualdades, la crisis democrática o la huella del hombre en el mundo.

En este contexto, el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Carles López Picó, moderador del evento, puntualizó que el mundo se enfrenta a un “conjunto de crisis solapadas”, que incluyen crisis climática, escalada bélica, incremento de las desigualdades sociales o “una situación peligrosa o de riesgo para la democracia”.

“Estas crisis están entrelazadas y ese hecho nos obliga a estar a la altura y a dar una respuesta a la altura de esta situación global y eso supone convertirnos en los antepasados que las futuras generaciones merecen”, agregó, convencido de que “la magnitud de este desafío es enorme, con la Agenda 2030 como meta”.

A este respecto, explicó que el informe “trata de entrar en la agenda para que esta ruta política que deben seguir las políticas públicas impregne la acción del Gobierno”, convencido de que esta legislatura debe servir para “consolidar” las políticas públicas, pero “también para avanzar en la mejora de nuestro sistema de bienestar y en la vida de las personas”.

METAS PRECISAS

Con el fin de “marcar el horizonte de cambio y evaluar el camino recorrido”, Futuro en Común propone unas “metas precisas” para 2025 como ecuador de la legislatura, 2027 como final de la misma, y 2030 como año del cumplimiento de la agenda y otros compromisos.

“Estas propuestas determinan una economía al servicio de las personas y el planeta, la desigualdad y la pobreza como cosas del pasado, derechos sociales garantizados, una sociedad libre de discriminación y violencia, una sociedad feminista, una democracia sólida y un país activo en el cambio global”, sentencia el informe.

El INconFORME analiza estas crisis “solapadas y entrelazadas” proponiendo medidas “urgentes” para “acelerar el cambio de modelo”, al entender sus impulsores que “el progreso no puede continuar siendo a costa de los derechos humanos, ni superando los límites ambientales” y que “no se puede abordar un desafío sin tener en cuenta los demás”.

Según Futuro en Común, la crisis ambiental “nos recuerda que debemos tener presentes los límites del planeta”, mientras que la crisis social “se recrudecerá si no terminamos con las desigualdades entre personas ricas y pobres, hombres y mujeres, razas, personas de diferentes lugares del mundo o de distintas identidades sexuales” y la “crisis de libertades, alimentada por el odio, el miedo y el clima bélico mundial pone en peligro las democracias”.

En concreto, Futuro en Común propone medidas de ahorro y democratización de la energía, renovables “justas y sostenibles” para el territorio y la naturaleza; protección y gestión del agua; transición justa hacia la agroecología; alimentación “sana, sostenible y accesible” así como “reconducir” la movilidad y el transporte; “frenar” la contaminación y alcanzar el residuo cero, “no exportar los problemas más allá de las fronteras” y “apostar por la economía social y solidaria”.

Según el informe, “no hay alternativa para el planeta que tenemos y nos acercamos a un punto de no retorno; la magnitud de las desigualdades es éticamente inaceptable; el feminismo aporta una nueva visión del mundo, pero sigue siendo contestado con violencia; las personas hemos migrado siempre y lo seguiremos haciendo buscando una vida mejor o por mera supervivencia; y las posturas antidemocráticas, anticiencia y antiderechos cobran fuerza en nuestras sociedades”.

Durante su intervención en el acto, el director de Conservación de WWF, Enrique Segovia, urgió a “poner en el centro a los colectivos más vulnerables” y pidió “más ambición climática, democratización y electrificación de la energía” así como “apostar por energías renovables justas y sostenibles”.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora de ONGD de España, Irene Bello, defendió la importancia de que España “juegue un papel fundamental y activo en el cambio que necesitamos”. “Tiene la capacidad y la responsabilidad de mejorar su impacto mucho más allá de nuestras fronteras ejerciendo influencia en el tablero internacional y siendo agente activo en la promoción de los derechos humanos en las agendas globales”, abundó.

Asimismo, reclamó la importancia de “actuar de forma coherente para garantizar los derechos humanos” y subrayó que España “necesita unos Presupuestos Generales del Estado ambiciosos” para alcanzar una aportación del 0,7% del Producto Nacional Bruto a la ayuda al desarrollo de los países en desarrollo.

En la misma línea, la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, recalcó la importancia de lograr “que la pobreza sea cosa del pasado”, para lo cual reivindicó la articulación de “reformas estructurales” así como la urgencia de “garantizar los derechos sociales a través de unos buenos servicios públicos”.

En paralelo, demandó que iniciativas como el IMV “lleguen a todo aquel al que tienen que llegar” y emplazó a “reducir la pobreza extrema en un 50%” y a implementar un “sistema integral de cuidados” así como a “democratizarlos”.

Por último, la presidenta de Aipaz, Ana Barrero, lamentó que “a lo largo y ancho del planeta los derechos de asociación, expresión o reunión pacífica se están viendo amenazados en una tendencia global de auge de los discursos de odio, negacionistas, antiderechos que están aupando a gobiernos extremistas”.

“Debemos avanzar en la responsabilidad colectiva y la condena social de todas las formas de violencia”, advirtió, convencida de que “los marcos normativos, que ya han supuesto un avance en los últimos años, necesitan recursos suficientes y más garantías para su implementación” y de que resulta “clave” regularizar a las más de 500.000 personas que viven en España en situación administrativa irregular y que Europa se convierta en “ejemplo de diálogo, diplomacia y multilateralismo” ante el “incremento ingente” del gasto militar a nivel global.

(SERVIMEDIA)
13 Mar 2024
MJR/gja