Después de más de tres horas y media de debate, que comenzó a media tarde y concluyó cuando la noche cayó sobre Madrid, la reforma legislativa contó con 145 votos a favor (141 del PP, 2 de Unió Democràtica de Catalunya, 1 de Convergencia Democrática de Catalunya y 1 del Grupo Mixto), 89 en contra y 5 abstenciones.

En el PP no se respetó la disciplina de voto, ya que Ángel Pintado, Gari Durán, José María Fuster y José Ignacio Palacios pulsaron el botón del no, en tanto que María Belén Ibarz y Rosario Isabel Santos se abstuvieron, y Ana Torme estuvo en la Cámara Alta pero no ejerció su derecho a votar.

Los populares lograron el apoyo de cuatro senadores de la oposición: Pere Maluquer y Salvador Sedó (UDC), Ferran Bel (CDC) y Juan Morano (independiente del Grupo Mixto).

Más de medio centenar de senadores de la oposición pidieron que la votación fuera secreta, con el fin de que los populares votaran en conciencia sin que se conocieran sus nombres, pero esta petición fue rechazada por el PP.

De esta forma, la norma ha quedado vista para sentencia sin que haya cambiado un ápice el texto presentado por el PP a finales del pasado mes de febrero, a pesar de las 59 enmiendas propuestas en el Congreso y las 35 enmiendas del Senado. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto, bajo la fórmula de proposición de ley orgánica, ya tuvo un trámite polémico en el Congreso porque hubo algunos votos discrepantes de diputados del PP: Antonio Gutiérrez Molina la rechazó y Lourdes Méndez, Eva Durán y Javier Puente se abstuvieron. La norma contó con 184 votos a favor del PP, Unión Democrática de Cataluña y Foro Asturias, e incluso por error del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien luego pidió disculpas por ello.

En el Senado, nadie quería confirmar a ciencia cierta antes del debate de la reforma de la ley del aborto cuántos parlamentarios populares votarían en contra o la rechazarían por entender con convicción que la modificación debería ser más profunda y no limitarla al consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años.

Fuentes del PP señalaron a Servimedia antes de la votación definitiva que “media docena” de senadores populares podrían emitir su voto contrario, pero añadieron que “podrían echarse atrás por presiones del partido”, a pocos meses de que concluya la legislatura y con las listas electorales aún por confeccionar, y otras criticaron la “falta de debate interno” sobre el aborto en el seno del partido.

Al igual que en el Congreso, el Grupo Parlamentario Popular tampoco votó unido. Fuentes populares en el Senado indicaron a Servimedia que la dirección del grupo parlamentario estudiará la sanción económica que podría imponer a los parlamentarios que no hayan respetado la disciplina del grupo, una vez conocido el resultado definitivo de la votación.

“UN PUÑADO DE VOTOS”

En el último trámite parlamentario de la reforma de la ley del aborto, el Pleno del Senado tumbó siete propuestas de veto presentadas por el PSOE, Entesa pel Progrés de Catalunya (EPC), IU, Coalición Canaria, ERC y Podemos, así como 35 enmiendas registradas por todos los grupos de la oposición.

La mayoría de los portavoces de la oposición desgranaron argumentos contrarios a la norma planteada por el PP y coincidieron en que ésta esconde “intereses electoralistas” que desprotegerá a unos pocos centenares de menores de 16 y 17 años que abortan sin informar a sus padres.

En este sentido, apuntaron que, según datos oficiales de 2014, sólo un 3,6% de las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo en 2014 tenían entre 16 y 17 años (alrededor de 500), de las cuales el 90% lo hicieron acompañadas de sus padres o tutores, en tanto que el 10% restante no pudieron hacerlo por ser más vulnerables.

Encarnación Llinares (PSOE) reprochó a los populares que quieran ganar “un puñado de votos” presentando “por la puerta de atrás” una proposición de ley y no un proyecto de ley para evitar los informes preceptivos del Consejo de Estado y otros órganos consultivos. “Ustedes nos quieren retrotraer 40 años en este país”, añadió.

Jordi Guillot (EPC) afirmó que este miércoles se celebró “el mayor acto de cinismo legislativo” en la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, puesto que en esta legislatura “se producen 300 abortos cada día”. “¿Cómo lo han permitido? ¿Dónde está su defensa al derecho a la vida?”, preguntó dirigiéndose a la bancada popular antes de calificar de “gravísimo y muy preocupante” el cambio legislativo porque “si las menores son inmaduras para decidir si pueden abortar o no, ¿cómo van a ser maduras para ser madres?”. “La maternidad tiene que ser algo deseado. El riesgo cero no existe y si una menor de edad se queda embarazada involuntariamente, nadie, ni menos el PP, le puede obligar a ser madre”, apuntó.

Jesús Iglesias (IU) comentó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alienta y no exige el consentimiento paterno en las interrupciones voluntarias del embarazo, Esther Capella (ERC) calificó de “ley patriarcal” el texto aprobado hoy y María Isabel Mora (Podemos) aseguró que la norma es “un sinsentido” porque “pone en peligro” las vidas de las menores que desean abortar y no quieran decírselo a los padres o tutores por vivir en situaciones de maltrato, violencia o desarraigo familiar.

Maite Rivero, en nombre de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), indicó que en la proposición de ley prima “la defensa de una ideología sobre el interés general” y no garantiza “una verdadera protección” para las menores que se quedan embarazadas.

El único portavoz de la oposición que mostró su apoyo a la reforma del aborto fue Salvador Sedó (Unió Democràtica de Catalunya), quien apostó por promover “políticas auténticas y eficaces a favor de la familia”.

María Dolores Pan, del PP, afirmó que la única intención que esconde el texto es “proteger a los menores” y “devolver a los padres la capacidad de aconsejar y de estar al lado de sus hijas en esos momentos delicados de sus vidas”. “Esta modificación no es contraria ni contradictoria con la legislación vigente. Ningún Gobierno hasta el actual ha sido tan sensible con la problemática que afecta a las mujeres y a las menores”, apostilló, antes de añadir: “Aquí no se quitan derechos, no puede uno quitar lo que no existe ni ha existido nunca”.