Según informa Fenadismer, en el recurso se denuncia también la vulneración permanente por parte de las diferentes Administraciones públicas del mandato constitucional de fomento del cooperativismo recogido en el artículo 129 de la Carta Magna.

Conforme se recoge en dicho artículo “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas”.

Sin embargo, Fenadismer considera que lejos de impulsarse dicho objetivo, se producen toda una serie de medidas discriminatorias y limitativas para el normal desenvolvimiento de las cooperativas de transporte existentes en los diferentes ámbitos administrativos.

Entre otras, denuncia el establecimiento de un mayor control inspector por parte de la administración de transporte, limitaciones en el sector del suministro de carburantes o en la aplicación del gasóleo profesional.