Jiménez se expresó así en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, donde compareció para hablar del desarrollo de la Ley de Dependencia.

En su exposición, la ministra citó entre los ejes de trabajo del Gobierno en torno a la dependencia para los próximos meses el de "agilizar y simplificar" los procedimientos administrativos para reducir los tiempos de gestión de los expedientes y facilitar la movilidad de las personas con dependencia en el territorio nacional.

Otro de los puntos pendientes en el calendario de Dependencia del Ejecutivo es mejorar el procedimiento de valoración de los beneficiarios y, por tanto, del baremo y de su aplicación.

En este sentido, la ministra subrayó que en cuanto a la atención de las personas con discapacidad y enfermedad mental hay que hacer sólo "pequeños ajustes" para mejorar su calidad de vida en el ámbito del Sistema de Dependencia.

Por otra parte, la titular de Política Social citó como otra de las metas de su departamento es avanzar en la coordinación sociosanitaria y lograr una actuación "cohnte y efectiva"

Para ello, dijo, "tenemos previsto celebrar una Conferencia de consejeros de Sanidad y Bienestar Social conjunta el próximo 24 de febrero".

PREOCUPADOS POR LA FINANCIACIÓN

Tras la intervención de la ministra, la sesión continuó con la exposición de los grupos parlamentarios, que coincidieron en subrayar su preocupación por la financiación del Sistema de Dependencia, que, según Lourdes Méndez, del PP, "no será justo ni adecuado" si no se le garantiza la sostenibilidad.

Méndez afirmó tener "en muy alta consideración" a Jiménez, pero criticó su intervención por no aportar, según dijo, nada nuevo sobre exposiciones anteriores.

"Estamos en época de crisis, pero eso no pueden pagarlo las personas más necesitadas", añadió Méndez, quien aseguró que en la aplicación de la ley se está dando una "falta de equidad" que hace que personas de 80 años cuiden a dependientes de la misma edad.

Por su parte, Carles Campuzano, de CiU, apostó por "abrir un debate" parlamentario sobre la sostenibilidad del sistema de Dependencia y sobre la idoneidad o no de que este sistema englobe también a las personas con discapacidad.

Según dijo, los ciudadanos con discapacidad son uno de los colectivos donde la ley de Autonomía Personal ha generado "más frustración".

Dijo no negar que el Gobierno se esté esforzando en mejorar la situación de las personas dependientes, pero añadió a renglón seguido que el resultado es "altamente insatisfactorio" para muchos beneficiarios y agentes implicados en esta materia.

Joan Tardá, de ERC, como Campuzano, subrayó que lo que más le "preocupa" a su grupo es "la sostenibilidad del sistema", porque, dijo, "en estos momentos existe un problema" que debe hacer reflexionar a las autoridades sobre la mejor forma de continuar con el desarrollo de la ley.

En este sentido, Tardá puso sobre la mesa la posibilidad de crear un "fondo extraordinario" que ayude a financiar el sistema de dependencia.

Por parte del Grupo Mixto, Uxue Barkos manifestó también su preocupación por la sostenibilidad del Sistema de Dependencia y añadió que "no se está apostando" tanto como se debería por la mejora del empleo en torno a él, que necesita de "financiación añadida" para crear más puestos de trabajo.

En la misma línea, Joseba Agirretxea, del PNV, expuso al Gobierno su percepción del "gravísimo problema" de la financiación del Sistema de Dependencia, que, apuntó una vez más, "debería ser una contingencia de la Seguridad Social".

Por último, Soledad Pérez, del Grupo Socialista, lamentó que el PP no quiera en este ámbito, "como en otros", colaborar con el Gobierno.