En un comunicado, Facua señala que, dada la “indeterminación” de la fecha en la que los coches volverán a ser puestos a la venta, cualquier usuario que hubiera firmado un contrato de reserva tiene derecho a anularlo.

Así, puede exigir que le reembolsen todo el dinero abonado, incluida cualquier posible comisión si solicitó un préstamo para pagarlo, así como la cancelación sin coste alguno de los préstamos solicitados a través de los concesionarios.

La medida afecta potencialmente a 3.320 vehículos, aquellos que debieron ser fabricados siguiendo las directrices de la norma europea de emisiones Euro 5, según la cual los automóviles diésel debían emitir un máximo de 160 miligramos por kilómetro de óxidos de nitrógeno (NOx).

Desde el 1 de septiembre de este año está en vigor la norma Euro 6, que reduce el límite de NOx a 80 mg/km.

La organización consideró “inaceptable” que la multinacional alemana y sus filiales en España (Volkswagen-Audi España y Seat) sigan “sin aclarar la lista detallada de vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y Seat afectados por el fraude en las emisiones”.

“ESCANDALOSA PASIVIDAD”

La asociación criticó también la “escandalosa pasividad” del Gobierno y las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas.

A nivel mundial, la empresa ha señalado que las irregularidades afectan a 11 millones de automóviles.

Por el momento, más de 9.370 usuarios se han unido ya a la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen puesta en marcha por Facua.

PRIMERAS DENUNCIAS

En los próximos días, Facua interpondrá sus primeras denuncias contra las empresas del Grupo Volkswagen ante las autoridades competentes.

La primera denuncia será remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que solicitará la apertura de una investigación y la incoación de un expediente sancionador por haber incurrido en prácticas contrarias a la legislación en materia de competencia.

Tras ella, Facua se dirigirá a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autonómas.

El fraude, advierte la asociación, implica la vulneración de la normativa sobre protección de los derechos de los consumidores, ante la que las administraciones autonómicas “pueden actuar aplicando multas económicas”

La asociación exigirá sanciones proporcionales a la gravedad del fraude que la empresa ha cometido durante casi una década, que “además de un engaño masivo sobre las características de sus vehículos representa un atentado contra el medio ambiente y la salud de los consumidores”.