“Se trataba de un militante de base del PP”, según la presidenta de la comisión, quien consideró también “llamativo” el hecho de que el otro compareciente, el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, dijera que “no hay mecanismos legales para exigir que las empresa públicas rindan cuentas”.

Se mostró satisfecha porque “hemos conseguido por fin poner en funcionamiento esta comisión”, propuesta por Podemos, y dijo que es “imprescindible para saber cómo se ha gestionado el dinero público en los últimos ocho años”,

A su juicio, “en estos años no se ha cumplido la ley y el PP ha aprovechado esos años de opacidad para derrochar el dinero de todos los madrileños que se ha ido por un agujero negro que al parecer, según los primeros indicios, ha sido este proyecto del Campus de la Justicia”.

EL LIQUIDADOR NO SABE

Respecto a la intervención del liquidador de Campus de la Justicia, muy criticada por toda la oposición, el compareciente dijo que su trabajo se realizó oficialmente entre julio de 2014 y febrero de 2015. Tras indicar que “todo se hizo ajustado a la legalidad”, dijo no saber nada de lo anterior a los seis meses en los que trabajó de liquidador.

Asimismo, aseguró que no ha "percibido ni un euro” por su trabajo y dijo que ser liquidador fue “otra” de sus “funciones” como empleado de la Consejería de Presidencia y Justicia.